Noticias liberales. Hoy: Federico Jiménez Losantos

Hoy recupero uno de los asuntos estrella que han dado lustre y gloria a este espacio, un clásico indeleble que nunca decepciona. Cómo no, me refiero a esas afirmaciones peregrinas o inventadas que aparecen en medios o son formuladas por diversos autores que se autodenominan liberales, aunque luego muchos en realidad sean los conservadores de toda la vida.

Grandes éxitos como cuando Daniel Lacalle nos demostró que el multiplicador keynesiano funciona, o cuando el mismo señor adopta un índice precariedad laboral de metodología ridícula y datos erróneos, o uno que se dedica a desmontar mitos sobre precariedad laboral y no sabe por dónde le pega el aire, otro que se cree simpático y hace infografías sobre el mismo tema irreales, o el chileno que hace chistes con Venezuela y Noruega que le salen mal.

Para esta edición elegimos al legendario Federico Jiménez Losantos y su peculiar forma de dar las noticias en su programa «Es la mañana de Federico». El caso es que estaba yo escuchando al «susobicho» el pasado 1 de marzo de 2017 y no voy a dar más explicaciones al respecto, cuando llegaron las «noticias económicas». Permítanme el inciso para comentar que en nuestro espectro radiofónico las noticias económicas te las cuentan señores que parecen bajo efectos lisérgicos como Rodríguez Braun, charlatanes como Gay de Liébana o en este caso Federico que de esto también hace como que entiende. Así ocurre, que en vez de noticias económicas lo que tenemos son unos tipos metiendo sus morcillas ideológicas e intentando engañar al incauto oyente que está al otro lado del transistor. Qué viejo suena «el transistor» en estos tiempos.

Pues bien, ahí estaba yo pendiente de las noticias económicas del día cuando me encuentro el siguiente panorama, les dejo el breve podcast para que dispongan de la literalidad del asunto.

https://www.ivoox.com/player_ej_17291317_4_1.html?c1=ff6600

Según nuestros amigos resulta que en Libre Mercado se hablaba de un informe sobre la competitividad, circunscrito a Europa y que hace un ranking por regiones. Según Federico y su esbirro relatan, esto es debido a los «impuestos» porque la competitividad depende mucho de los impuestos. Comentan que uno de los aspectos que se valoran es precisamente el fiscal y que Madrid y País Vasco figuran como unas de las regiones más competitivas de Europa. No faltan las apelaciones al Régimen Formal vasco y navarro y si el oyente tiene en mente los comentarios sobre Madrid y su bajo esfuerzo fiscal, dirige la opinión de los oyentes hacia la idea de que Madrid y País Vasco son más competitivas por su escasa carga fiscal.

Pero el asunto empieza a fallar cuando tienen la feliz idea de comentarnos también que las regiones más competitivas están en Alemania, Reino Unido y los sacrosantos países nórdicos. Como se podrán imaginar esto ya hace sospechar que aquí huele a muerto y que si lo decisivo para la competitividad fuera la baja fiscalidad, no serían esas las regiones más competitivas. A partir de ahí la diatriba tabernaria incluye afirmaciones como que a igual competitividad las empresas vendrían a Madrid de tapas, autobuses de transexuales, el «murciégalo» y alguna noticia más con la que atizar a Cebrián.

A Federico hay que reconocerle que es un as del sarcasmo y la ironía, en serio que es muy divertido, pero como se habrán imaginado si están leyendo estas líneas, las afirmaciones de que existe un informe de competitividad europea que pone a Madrid y Euskadi entre las regiones más competitivas de Europa, además deslizando que esto es consecuencia de los impuestos es… mentira.

La primera muestra de que Federico y su esbirro se han montado una noticia falsa para dirigir la opinión de la audiencia y satisfacer a quienes les escuchan porque refuerzan sus sesgos, es irse directamente a la fuente de supuesta noticia publicada en Libre Mercado. Y sí amigos, hay una noticia donde se habla del informe y de las posiciones de las diferentes regiones españolas. Pero en su lectura en ningún lugar encuentras referencia alguna al nivel impositivo o que esto sea valorado en el famoso informe.

Claro que tampoco te puedes fiar de lo que te escriban en Libre Mercado, porque el artículo escrito por el también popular Manuel Llamas, contiene errores que dan un poco de vergüenza ajena. Una de las cosas que destacan es que Madrid o País Vasco se encuentran entre las regiones más competitivas de Europa y las «destacan» porque ocupan el lugar 83 y 119 respectivamente en la clasificación. Lo malo es que si haces una sencilla operación aritmética te das cuenta que si en un estudio con 263 regiones la española mejor clasificada se encuentra en el puesto 83, esa región no se encuentra siquiera en el primer cuartil de las más competitivas y por los pelos entra dentro del primer tercio. Del País Vasco ya ni hablamos, porque si lo de las regiones «más competitivas» es cualquiera que esté en la primera mitad de la tabla, pues aceptamos barco como región competitiva. Pero en realidad titular es más falso que el bronceado de Donald Trump.

El ridículo desborda en el artículo cuando el autor tiene la feliz idea de decir que Madrid destaca, entre otros parámetros, por su «estabilidad económica». No hay más que revisar el propio cuadro que figura en la noticia vemos que Madrid sería la región 24 de 28 en el pilar de «estabilidad macroeconómica». Igual el tal Llamas no se ha dado cuenta de que el parámetro de Educación, donde dice que también Madrid «destaca» se clasifica por países y no por regiones. Así que precisamente en el único parámetro que podría sonar a fiscal, que tampoco, es precisamente en el que peor estamos clasificados. De hecho si añadimos de la ficha original del informe las fortalezas y debilidades de la región madrileña, que obviaron en la noticia, vemos que esto es cierto.

Disculpen que me centre en Madrid, porque además de un paleto mesetario me recreo al ser la supuesta primera región española tan competitiva. Vemos que sólo destaca en 4 parámetros y en la que mejor lo hace siendo muy diferencias es en Salud. Un parámetro que precisamente está más influenciado por una importante partida de gasto público que por las fuerzas del mercado. Añado esta comparación de País Vasco, que en realidad enfrenta los pilares estudiados de 15 regiones con similares PIBs per cápita.

Incluso se da la circunstancia de que el mismo informe desmiente bastante la relación entre los impuestos y la competitividad, ya que por ejemplo Melilla, Ceuta o Canarias que disfrutan de regímenes especiales están a la cola en el ranking de competitividad mientras que ese infierno fiscal que es Cataluña es la cuarta comunidad más competitiva de España tras Madrid, País Vasco y Navarra.

Así que como vemos también en el caso del artículo de Manuel Llamas se hace honor al axioma que define a nuestros «liberaos»: interpretan los datos con lo que tienen ahí col… Ni Madrid y País Vasco son demasiado competitivas y ni siquiera se percata de que ser el 24 de 28 no es destacar demasiado.

Pero dejando la web también propiedad de Federico Jiménez y la escasa comprensión del analista del Juan de Mariana, podemos ir a la publicación original de la Comisión Europea para saber de qué estamos hablando. Allí podrán ver el informe original, las puntuaciones o en qué consisten los parámetros o pilares que se estudian. Es éste último podrán verificar que los impuestos no se estudian en el informe, por mucho que Federico nos intentara engañar. Veremos corrupción, propiedad intelectual e industrial, crimen organizado, déficit público, autovías, tasa de suicidios o mortalidad por cáncer, población con estudios superiores, desempleo… de todo menos impuestos.

En realidad nos encontramos con otro de esos rankings bastante absurdos que intentan retratar al más listo de la clase. Aquí he hablado del WEF-GCI o del famoso ranking de Shanghai, comentando su inutilidad y su escasa calidad. Pero para el periodista estos informes, como el Doing Business, sirven para escribir noticias todo el año: España el país menos competitivo, España el país con buenas infraestructuras, España es un infierno laboral…

En resumen nos encontramos con Federico y su mariachi creando una noticia falsa a través de un informe que existe, pero que no dice nada de lo que traslada a la audiencia. Y esta audiencia si no tiene el conocimiento, la curiosidad o le da credibilidad a la información que escucha, se traga la idea de que Madrid o País Vasco es muy competitiva porque tienen bajos impuestos, cuando vemos que es totalmente falso. De hecho las regiones europeas más competitivas están en países con altos impuestos como los escandinavos o Alemania. Mientras que en España hay regiones de baja competitividad y bajos impuestos. No es mi intención negar que los altos impuestos puedan ser un impedimento para la competitividad de la economía, pero todo es un poco más complejo y en muchas ocasiones los impuestos sirven para impulsarla con programas como la educación, las infraestructuras o la investigación.

Así que en estas estamos y repito lo de siempre en estas entradas, el liberalismo también el económico me parece muy respetable y debe tener la misma difusión y voz en los foros como cualquier otra corriente. Pero eso no quita que con alguna excepción, el liberalismo patrio esté copado por mediocres con serios problemas cognitivos y criaturas a las que en sus fotos de Twitter les quedan grandes los trajes. Personajes como Federico Jiménez Losantos pueden resultar muy divertidos y espirituosos, pero la mitad de las cosas que dice o están equivocadas o son directamente trolas premeditadas.

Estibadores contra administrativos de universidad (II)

En el episodio anterior trataba superficialmente el conflicto de los estibadores y mostraba mi opinión sobre los motivos que llevan a ese colectivo a conseguir mejores condiciones laborales que otros: porque se movilizan, están unidos y suelen enfrentarse a enemigos poco resistentes. Pero todo era una excusa para hablar de otro colectivo muy concreto y cuya actitud quería contraponer a la de los estibadores: el Personal de Administración y Servicios de las universidades y en concreto el de la Universidad Carlos III de Madrid.

Para los no iniciados los PAS de las universidades es aquel personal que realiza las labores administrativas en las mismas o quienes realizan tareas que no tienen que ver directamente con la docencia y la investigación. De momento lo dejaremos ahí para comentar que este colectivo es el hijo tonto en las universidades públicas, materializado por ejemplo en el peso ponderado que tienen sus votos en las elecciones a rector. En el caso de la UC3M tienen un peso del 8% de los votos emitidos mientras que catedráticos y titulares acaparan el 54% del voto ponderado a pesar de que numéricamente son más o menos colectivos similares. Así que si alguien quiere ser rector, tiene que ser un catedrático que “capture” a otros catedráticos. Por eso el principal problema de gobernanza de la universidad es que funciona bajo un sistema piramidal en el que una minoría subyuga al resto (estudiantes, docentes e investigadores precarios, PAS…) y no se resolverá con políticos y ricos egresados eligiendo a rectores plenipotenciarios, como van proponiendo algunos espabilados por ahí.

Hecha esta introducción pasaré al caso en cuestión y es el maravilloso proceso de movilidad de los Técnicos de Información y Servicios de la Universidad Carlos III de Madrid. Pido disculpas por las simplificaciones y errores que pudiera cometer, fruto de ser un espectador externo y de querer relatarla para no iniciados.

El asunto es que durante los últimos tiempos en esta universidad se están privatizando funciones y puestos de trabajo del colectivo PAS, sustituyéndose por personas contratadas de empresas externas. Esta situación se ha hecho más visible cuando los Técnicos de Información y Servicios, para que ustedes me entiendan los conserjes, han sido sustituidos por trabajadores de empresas privadas. Para muchos dentro de la casa ha supuesto el descubrimiento de que la Universidad Carlos III de Madrid está vaciando los servicios administrativos con la excusa de la imposibilidad de reposición fijada por ley, siendo sustituidos por estudiantes mal pagados, trabajadores de empresas externas e incluso e incluso falsos autónomos, a la espera de que tiempos mejores permitan colocarles en la próxima oferta de empleo público y eludiendo los requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público. Pero que a estos trabajadores de las conserjerías, colectivo conocido y estimado por todos, les haya llegado su turno ha hecho que muchos hayan descubierto que hay otro mundo fuera de su área de confort.

Como comentaba el equipo de gobierno de la universidad decide que estos trabajadores son un colectivo «a extinguir» y que su trabajo está dejando de ser necesario. Deben saber que las funciones de este colectivo van un poco más allá de saludar en la puerta. De todos modos deberíamos preguntarle a este equipo de gobierno que si las conserjerías y sus trabajadores ya no son tan necesarios, ¿por qué se contrata a personal de empresas externas para sustituirles? ¿Por qué en vez de trasladarles no se les deja en sus puestos?

No hace falta tampoco ser muy listo para saber que esta lenta pero inexorable privatización de los administrativos de la universidad es una medida inteligente por parte de aquellos PDIs que controlan el chiringuito. Les permite “flexibilizar” el gasto en este tipo de personal, ya que el capítulo de personal está más regulado, además permite un ahorro en gestión de recursos humanos, pagos a la Seguridad Social, costes de despido, derechos de los trabajadores y problemas derivados de la negociación colectiva, trabajadores con vinculación permanente o funcionarial que sean muy buenos o muy malos… Es la misma idea de la externalización de los recursos humanos en las empresas: pagas una cantidad y te olvidas de “problemas”. Si un trabajador “cuesta” 2000 euros, se saca un procedimiento donde el trabajador te salga a 1.500 y esa diferencia la casta de catedráticos y titulares que acaricien el lomo del rector reinante podrán disfrutarla a través complementos retributivos, negros para sus tareas o más dinero para viajes y dietas en sus congresos y workshops.

Hasta aquí el lector podría entender que estos Técnicos de Información y Servicios han sido sustituidos por despido o no reposición de sus puestos, pero el caso es más sangrante porque se eluden todos los principios de transparencia, mérito y capacidad que debe cumplir cualquier proceso de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas. Sobre todo cuando vas a leer el Plan Estratégico de la UC3M para 2016-2022 y te encuentras gilipolleces del estilo de que la contratación debe hacerse por los “principios OTM-R (Open Transparent and Merit based Recruitment)”. En muchos ámbitos reconoceréis a un imbécil porque utiliza términos en inglés con demasiada frecuencia y de manera innecesaria. En la UC3M es hacerlo imagen institucional.

¿Cómo se ha realizado el proceso movilidad de estos trabajadores? Pues como se acostumbra a hacer en esta universidad: a través de un procedimiento opaco y discrecional. Tras asustar a los trabajadores sugiriendo su desaparición como colectivo y su despido, se les invitaba a solicitar un traslado hacia otros servicios universitarios. Además a aquellos trabajadores temporales se les ofrece estabilidad… mientras dure este equipo de gobierno. Para empeorarlo irían a puestos de trabajo cuyas funciones deberían ser cubiertas por personal de grupos o niveles salariales superiores. Además no recibirán el reconocimiento profesional y salarial que debieran por sus nuevas y superiores funciones, sino que se les mantienen sus retribuciones.

El procedimiento de movilidad como decía ni es transparente ni valora las capacidades de estos trabajadores, a los que se les invitaba a apuntarse a una “lista” y serían asignados de forma discrecional en sus nuevos puestos. Dentro de la anormalidad que supone esta situación, lo habitual hubiera sido ofrecer el catálogo de puestos disponibles con igualdad de oportunidades a todos los trabajadores afectados, para que con determinados baremos y requisitos ajustados al puesto de trabajo desarrollado, pudieran presentar sus candidaturas asignando a cada trabajador el mejor puesto conforme a sus conocimientos y habilidades. Pues tampoco, este no es el estilo de la gestión de RRHH en la Universidad Carlos III de Madrid, recordemos a los visitantes de la Juan March con el reciente bonus-track de las Cátedras de Excelencia para amigos o la llamada «movilidad voluntaria» del PAS en la que se asegura una confidencialidad que no se respeta, se ajusta cuentas con disidentes o se coloca al personal en plazas disponibles de manera opaca. Como es de esperar muchos de los Técnicos, sobre todo los más precarios, optan por acogerse a un traslado sin destino definido porque les sugiere algo más de seguridad que mantenerse en unos puestos que se están externalizando. Pero esta crea disensión con otros compañeros que rechazan este proceso y legítimamente pueden pensar que se está traicionando al colectivo de Técnicos y al PAS con su decisión, ya que están colaborando con el proceso de privatización. Gracias a esta táctica de intimidación y división, junto a la indolencia habitual del colectivo PAS, el equipo de gobierno de la universidad ha conseguido que el proceso se haya completado sin apenas oposición.

Aquí es cuando llegamos al agravio comparativo con los estibadores. Ante esta privatización de un servicio que era prestado por este colectivo y que muestra una clara tendencia a la externalización de otros puestos de trabajo similares ¿qué han hecho los trabajadores de la universidad y en concreto el colectivo PAS como principal afectado? ¿Qué han hecho las secciones sindicales que les representan? Se lo pueden imaginar: nada de nada.

Podría parecer una actitud puntual y aislada, pero conviene recordar que hablamos de una universidad que como otras, está pagando sueldos de miseria a los estudiantes por realizar el trabajo administrativo que este colectivo no quiere hacer. Si pasamos su salario a jornada completa un estudiante en “prácticas extracurriculares”, que así se llama la figura, éste sería de 656,25€. ¿Saben si estos sindicalistas o el resto de trabajadores de la universidad han protestado por las mísera condiciones de los estudiantes? Yo tampoco.

Multitud de interinos están contratados en un régimen de precariedad asquerosamente ilegal e inmoral, siendo renovados cada 6 meses con la consiguiente preocupación e inseguridad que les supone. Además es algo que se lleva produciendo desde hace muchos años. Para quiénes no lo sepan y dicho de manera muy somera, los funcionarios interinos son trabajadores que o bien cubren una necesidad temporal o bien ocupan una vacante hasta que sea cubierta en proceso selectivo. Por eso lo lógico sería que los interinos tuvieran o bien un horizonte limitado a la función temporal que desarrollan o bien una relación indefinida hasta que se cubra la plaza. Como se podrán imaginar más allá del postureo sindical, nadie ha levantado un dedo por estos trabajadores ni por la estabilidad de sus empleos. Bueno eso sí, informan puntualmente de que el chanchullo sigue su curso.

Claro que es bastante complicado cubrir las vacantes en estos años de recortes en la tasa de reposición, ya que el rector y sus mariachis han decidido hurtar las plazas de reposición que legalmente correspondían a los trabajadores del PAS para pagar los favores que permitieron a Juan Romo ser el único candidato a rector, ¿recuerdan a quiénes había que comprar para ser rector? En su facultad de reasignar esas plazas el equipo de gobierno decide quitárselas al PAS para dárselas al PDI. De nuevo para los que no estén al tanto, en las elecciones a rector de la Universidad Carlos III de Madrid sólo hubo un candidato. Cosa sorprendente si uno conoce la historia de las luchas de poder en esa universidad desde los tiempos de Goyo, el Padre Fundador, pero menos sorprendente si sabemos que Juan Romo ha sido durante una década Vicerrector de Profesorado y por lo tanto el que repartía “la panoja” entre sus futuros votantes.

Aun así fue tal el ridículo que el susodicho rector, siendo el único candidato, perdió con casi un 60% de voto en contra entre blancos y nulos, pero por supuesto no tuvo ningún problema en tomar el cargo a pesar de que la comunidad universitaria le rechazara. El voto ponderado le permitía tomar el poder.

 

Si recuerdan cuál era la ponderación de voto entenderán a quién le debe lealtad este señor y si vieran los datos de participación de aquellas «elecciones» mucho más. Y digo “si vieran” porque la Universidad Carlos III de Madrid, que se vanagloria por las mañanas y por las tardes de ser lo más en “transparencia”, no tardó eliminar los resultados de su web para que no constara el ridículo. Se pueden imaginar que el colectivo que recibiría las dádivas participó más que ninguno y fue el que apoyó al “candidato único”: catedráticos, titulares y aquellos que habitan bajo su ala. Mientras tanto los docentes más precarios, los estudiantes y especialmente los administrativos fueron quienes más votaron en su contra. Estos últimos con bastantes razones, pues el candidato organizaba actos a los que les invitaba para acabar reconociendo que desconocía sus problemas y reivindicaciones, y ademas que les daba igual no necesitaba sus votos para gobernar. Así que el rector desprecia a los trabajadores y les roba las plazas que legalmente le corresponden para pagar favores y evitar opositores. Más allá de la simbólica pataleta electoral, ni los trabajadores ni sus sindicatos han hecho nada al respecto. Mucho menos para evitar que se estabilice a los compañeros que están en situación de temporalidad, porque total ya tenemos plaza y si soy liberado sindical ya ni te cuento.

Luego nos reiremos del plagiador de la URJC, de sus sindicatos comprados y de que su delfín haya sido elegido su sucesor. Al mismo tiempo que se desarrollaba aquella polémica, saltó a los medios que el “Magnífico” rector de la UC3M, aunque él no quiera utilizar ese título, había sacado un procedimiento de contratación para agenciarse un chófer por 100.000 euros al año. Es lo que tiene la Excelencia, la meritocracia y la rendición de cuentas. Como ya saben el profesorado está comprado pero ¿creen que el PAS o sus sindicatos hicieron algo al respecto? En absoluto, tuvo que ser un estudiante quien le sacara los colores al rector saliendo en toda la prensa y le obligara a plegar velas. Eso sí, el Sr. Juan Romo ya acudía a todas partes en su lujoso Audi con chófer pagado con dinero público heredado del anterior rector, a más de 200 € el día, sin que nadie se inmutara especialmente.

No ahondaré más en ejemplos para no aburrir, seguramente muchos podrían atestiguar estas y mayores hazañas, pero más allá del pasillo y el corrillo no verás mucho movimiento. Especialmente sangrante es la actitud de los sindicatos, más preocupados por conseguir aún más días libres que por defender al colectivo que dicen representar. Lo más que han hecho los sindicatos que se sientan en la Junta y en el Comité es enviar un correo, eso sí poniendo “EXTERNALIZACIÓN  NO¡¡¡¡”, para que parezcan muy indignados con la situación. Además tienen la suficiente caradura de “hacer un llamamiento a toda la comunidad universitaria por la defensa del empleo público y de calidad”, cuando han sido incapaces siquiera de convocar una asamblea, ver qué apoyos tienen y tomar las medidas eficaces para “ganar el conflicto”. Que sería lo que harían unos representantes sindicales que dicen oponerse a esta externalización.

Medidas eficaces porque al estar liberados y tener mucho tiempo libre les gusta dedicarlo a tocar el pito en la puerta de algún sitio o pidiendo a los demás hacer huelgas inútiles. Lo de la huelga inútil no es broma, hoy 9 de marzo de 2017 los sindicatos de la educación convocan una huelga contra “los recortes”, así en general y después de que el gobierno hable de 100% de tasa reposicón en educación. Como les decía en la anterior entrada las huelgas en los servicios públicos son inútiles y en el caso de las educativas aún más. Seguramente Méndez de Vigo, como Wert en su momento, estarán severamente acojonados ante la nueva performance sindical. Eso sí, cuando ocurren casos concretos y hay que hacer algo más que tomarte un día libre y tocar el pito por la avenida de la ciudad, la combatividad de esta gente se diluye. En el caso que les estoy comentando tuvieron la poca vergüenza de pedirles a los trabajadores afectados que “resistieran”, sin antes recabar y ofrecer el apoyo del resto de trabajadores de la universidad. Luego aparte tenemos a los sindicatos anarcos del lugar vanagloriándose de que ya lo dijeron hace 3 meses . Eso sí, aparte corregir los textos de los demás a lenguaje no sexista en Twitter, en estos 3 meses ni en años anteriores se les conoce actividad sindical reseñable.

Vamos cerrando el chiringuito hasta próximas ocasiones, reiterando mis disculpas por algún error o inexactitud que haya podido cometer. Ya saben que esto no es Nada es Gratis y las críticas son bienvenidas siempre que guarden las formas. Como hemos podido comprobar el colectivo de Personal de Administración y Servicios de la UC3M ha optado por la pereza ante una situación que no sólo afecta a los Técnicos de Información y Servicios sino a ellos mismos. Porque seguramente esta situación se extenderá poco a poco a otros servicios de la universidad. Por eso a pesar que los estibadores no me resulten un colectivo simpático y parte de sus reivindicaciones no me parezcan adecuadas, siempre respetaré que se organicen para defender sus intereses como hace cualquier otro colectivo. Mientras tanto los PAS de las universidades y sus sindicalistas se compran camisetas verdes porque defienden muy fuerte “la educación pública”, circunstancia que suele coincidir cuando les meten la mano en el bolsillo. Podría terminar con aquel poema atribuido erróneamente a Bertolt Brecht pero que realmente es de Martin Niemöller. Podría hacerlo, pero se me han quitado las ganas.

 

 

 

Estibadores contra administrativos de universidad (I)

Llevamos unos días disfrutando de todo lo relacionado con el conflicto mantenido por los estibadores contra el gobierno y la patronal. En muy resumidas cuentas el gobierno quiere cambiar la regulación de la estiba, con la excusa de la adaptación de ésta a la normativa europea, ya que de no hacerlo puede costarle una sanción a España. Digo «excusa» porque en realidad estamos hablando más de la acción de un lobby patronal en busca de aumentar sus beneficios que del estricto acatamiento de una sentencia comunitaria.

Una muestra de ello es el argumento empleado contra los estibadores reseñando sus ingentes salarios, mostrándoles como privilegiados frente al resto de trabajadores. Todo ello está basado en un informe elaborado por la consultora aquella que Pablo Iglesias no supo citar en un debate televisivo, para cachondeo del respetable. Un informe elaborado por encargo de, mira tú qué casualidad, la patronal de puertos en el cual se habla de que el coste de la estiba suponía el 53% de los costes de manipulación de mercancías y por lo tanto se señala a los salarios como perjudiciales para la competitividad de nuestros puertos. Lo divertido del asunto es que este informe hay que creérselo, porque no es de dominio público sino que se ha entregado a determinado periódico que construyó la noticia viralizada en otros medios. No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta que si un informe no es hecho público, más en una circunstancia como la que tratamos, es que no deben querer que sea sometido a demasiado escrutinio.

El que sí que es accesible es el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Barcelona y que cifra el coste de la mano de obra entre el 14% y 21%.

De hecho estima la mayor parte del coste de la estiba está en las tasas portuarias y no en los buenos salarios de los estibadores.

Si tienen dudas de que todo este conflicto está originado por las presiones del lobby patronal y que la adaptación a la norma europea es la excusa y cortina de humo para imponer situaciones inaceptables, recuerden que los despidos de los estibadores los pagarán ustedes.

Es muy normal que muchos hayan interpretado que mi apoyo a los estibadores estaba relacionado con su defensa de un sistema de acceso a la profesión absolutamente delirante, donde hablar de nepotismo es poco. Nada más lejos de la realidad, si de mí dependiera el acceso a la estiba a través de la Sagep desaparecería de inmediato. Pero otra cosa es que se aproveche la situación para esquilmar las condiciones de los trabajadores bajo argumentos demagógicos, sesgados o falsos para modelar la opinión pública, eso que ahora llaman “posverdad” y que se ha querido circunscribir a determinadas posiciones políticas por parte de los medios, cuando es algo que ellos llevan haciendo desde su fundación. Y sobre todo mi defensa se sustenta en la idea que si un colectivo no puede tener «privilegios» que no tienen los demás, tampoco deberían tener las obligaciones y perjuicios que sólo ellos tienen. Esto lo ejemplarizaba con el efectivo ejercicio del derecho de huelga.

Es más, incluso he mencionado mi escasa simpatía con el colectivo de estibadores, al igual que en su momento con los controladores aéreos, a pesar de que defienda que puedan realizar sus reivindicaciones con libertad y efectividad. No es un tema personal, no conozco estibadores o controladores. Sí que tengo más relación con otro colectivo de similar: el de los ferroviarios. Todos estos colectivos tienden a “abusar” de las huelgas por diferentes motivos. Abuso en el sentido de emplearlas con mucha más frecuencia que el resto de trabajadores. Por ejemplo en estos días en Madrid tenemos huelga de maquinistas de Metro por asuntos relacionados con el reconocimiento profesional a efectos de la Seguridad Social. Es bastante discutible que tal asunto, aunque no sea menor, merezca la convocatoria de una huelga.

Los motivos de este “abuso” son varios. El primero es porque saben que son un colectivo con mayor capacidad de presión que otros, sobre todo porque sus acciones son más visibles y no porque sean más eficaces. Si en Ferreterías López los empleados hacen huelga, sus pocos clientes y/o proveedores se fastidian pero no trasciende. Si son los controladores aéreos los que tienen tal idea, vemos en la televisión cómo el inexistente derecho a irse de vacaciones a Canarias en avión prevalece sobre el fundamental derecho de los trabajadores a la huelga, idea que como vimos en su momento fue compartida por el gobierno y la población, lo cual demuestra que en nuestra sociedad tan democrática y tal liberal, el respeto a los derechos fundamentales de los demás deja bastante que desear.

Por lo que ante esta y otras situaciones los estibadores, controladores y otros colectivos hacen cosas tan divertidas como sabotajes o ponerse todos muy malitos a la vez, lo cual está muy feo, aunque hasta se pueda entender tal despreciable actitutud. Y se puede entender porque en realidad ni los controladores, ni los empleados del ferrocarril, ni los estibadores tienen derecho a huelga. Les puede parecer contradictorio que hable de abuso del derecho a huelga y de que no disfruten de ese derecho, pero se entiende mucho mejor si uno observa los servicios mínimos de la primera convocatoria de huelga de los estibadores, que fue finalmente desconvocada:

Si entendemos la huelga como una acción colectiva cuyo objetivo es paralizar la producción, que el rendimiento “nunca sea inferior al 50%” difícilmente podría hacer eficaz una huelga. Las huelgas en los servicios públicos no existen, son performances sindicales. De hecho es bastante habitual que estos servicios mínimos, en muchas ocasiones impuestos unilateralmente por la patronal (empresa o administración titular del servicio público), sean declarados ilegales en los tribunales y en su mayor parte después de que la huelga se haya realizado. El ejemplo paradigmático de lo que les cuento es el de los servicios mínimos de la huelga en junio de 2010 del Metro de Madrid, donde la huelga se declaró ilegal por no cumplir dichos servicios mínimos y abrió la vía para una reclamación millonaria a los trabajadores. Cosa que tiene su gracia porque dichos servicios mínimos fueron declarados ilegales.

Yo no soy muy entendido en casi nada y en Derecho menos, pero que sea ilegal no cumplir una disposición ilegal me llama bastante la atención, casi tanto como que las autoridades europeas no tengan nada que decir sobre el constante incumplimiento de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y en toda la legislación laboral internacional. Luego si hay cada vez más escepticismo con las injerencias de las instituciones europeas en la soberanías nacionales, porque parecen más interesadas en los beneficios de las empresas que en los derechos y preferencias de los ciudadanos, hay gente que se extraña.

Como iba diciendo los motivos de estibadores y otros colectivos para utilizar la huelga como medida de conflicto son varios, también tienen motivos de solidaridad entre compañeros y entre trabajadores. Entienden claramente que su fuerza a la hora de negociar y de conseguir mejoras se basa en su unidad como colectivo. Esto vale para estibadores, comerciantes o socios de la Cultural Leonesa. Seguramente algunos de los estibadores no estén de acuerdo con la huelga y sus motivaciones, pero la secundarán igualmente porque antes que su beneficio personal anteponen el colectivo, al fin y al cabo pertenecen a él pero en muchos casos su situación personal podría verse beneficiada si vas en contra en vez de a favor de tus compañeros. Pero si en la asamblea se decide una cosa, esta se acata. Además saben que sus compañeros tendrán en cuenta que cuando hubo que jugarse el pan, ellos estuvieron allí. Y no sólo son solidarios con sus compañeros, sino que apoyarán a otros trabajadores de otros colectivos en situaciones similares, aunque sus protestas les afecten personalmente. Aquí en Madrid si un usuario-trabajador tiene que esperar un tren 6 minutos en vez de 3, escupe a los empleados (es un caso real).

A todo esto hay que sumarle algo que comento en ocasiones y es que las administraciones son patrones benevolentes, por lo que lo habitual y más en épocas de vacas gordas es que cedan con facilidad. Al fin y al cabo sus responsables no pagarán las consecuencias de su bolsillo más que otro ciudadano. Si esto no ocurre, véase el caso de los controladores aéreos en 2010, y se encuentran una administración con ganas de jarana las posibilidades de triunfo de la huelga se reducen a cero, porque como decía antes el derecho a huelga para los trabajadores en los servicios públicos no existe. Y si todo falla ahí está la patronal para ofrecernos soluciones de consenso.

Por lo tanto como decía los estibadores han conseguido sus buenas condiciones laborales no porque tengan capacidad de paralizar el transporte marítimo, porque no la tienen, sino porque son un colectivo unido que no duda en tomar las medidas pertinentes para defenderlos y tradicionalmente se han enfrentado a una administración que pronto daba su brazo a torcer. Por eso comparto que deba existir la libertad e igualdad de acceso de cualquier ciudadano a la profesión, pero al mismo tiempo defenderé que estos trabajadores ahora y en el futuro puedan tomar medidas de conflicto colectivo con un mínimo de garantías de efectividad. Y no, que la fábrica de la PSA en Vigo reciba un pedido de filtros del aire no supone un peligro para la vida y la seguridad de las personas. Pero vamos a escuchar mucho hablar de los salarios y la contratación de los estibadores y poco de la información sesgada o el efectivo derecho a la huelga, excepto seguramente a mi amigo Garicano que lleva días haciendo el ridículo con los estibadores y que ya en alguna ocasión enseñó la patita.

Pero aunque les sorprenda este tema era sólo una excusa para hablar de otro maravilloso suceso que contraponer al de los estibadores: el Personal de Administración y Servicios de las universidades, más en concreto el de la Universidad Carlos III de Madrid. Pero como esto se ha alargado bastante, les emplazo para la siguiente entrada.

 

 

 

 

Políticas basadas en mis evidencias (III)

Esta es la tercera entrada que me ha salido de esta locura de hablar sobre la imposición de políticas públicas tras falacias de autoridad, para luego comentar lo que pienso de las consecuencias que tendría el complemento salarial en España, si además las basamos en «evidencias» que se desprenden de la experiencia norteamericana. Por lo que toca seguir analizando estos «hitos» y hablar del más conocido posible perjuicio.

El complemento salarial incentiva la incorporación al trabajo.

Uno de los efectos más conocidos que la «evidencia» constata tras la aplicación del complemento salarial es el aumento en los niveles y suministro de empleo. Se dice que si se le da dinero extra a la gente por trabajar, ésta tendrá mayor disposición a hacerlo aunque sea por un «salario de mierda». Y estadísticamente parece que en el caso americano es correcto. Pero de nuevo nos encontramos con que esto no es New Haven, somos de Monforte. Y si la NASA roba tus discos de cumbias habrá detalles que no se te escapen.

Lo primero es que este discurso desliza un mensaje que, aplicado a nuestro país, resulta un poco peligroso. ¿Están diciendo que los parados son unos vagos? A poco que no seas un tarado o tengas bastante suerte, la mayoría de la gente trabaja para pagar sus facturas. Muchos economistas más allá de dar conferencias y firmar artículos, porque las cuentas se las hacen «sus negros», ven normal que la gente quiera trabajar hasta los 80 años. Para el resto del «mundo libre» trabajar es una obligación bastante asquerosa a la que tienen que atender con religiosidad, más que nada para sobrevivir. Por lo que es obvio que un parado no aceptaría un trabajo que no le permitiera cubrir un mínimo de subsistencia, pero al mismo tiempo estará más dispuesto a aceptarlo que si tuviera ingresos suficientes por otra vía.

Aquí es donde radica el «encanto» del complemento salarial, ya que al complementarte el «salario de mierda» con impuestos (que también pagarás tú, querido trabajador pobre) tendrás mejor disposición para emplearte por dicho salario de mierda. Con esta premisa los parados, sobre todo con prestación, dejarían de ser unos vagos redomados que rechazan salarios por debajo o en línea con sus jugosas prestaciones. Este razonamiento tiene algunos problemas de aplicación aquí en nuestra querida tierra.

Empezando por un chiste, siempre he dicho que es muy divertido plantear esta situación ficticia y a la vez tan real. Usted encuentra trabajo mal pagado en septiembre y por lo que sea no puede pagar el recibo de la luz en diciembre. Cuando le llamen de su compañía para reclamarle el pago le pueden decir que para mayo, cuando haga la declaración de la Renta, irá Toni Roldán con una riñonera a pagarles los recibos pendientes. Se pueden imaginar la respuesta y se pueden imaginar cómo el diseño en el pago del complemento de C’s es bastante absurdo, a pesar de venir de la mano del catedrático más listo de la historia. Incluso personajes poco sospechosos como Chenche, al que veíamos muy fan del complemento salarial, nos traía la idea de parcelar el pago del complemento. Y todo ello de nuevo apelando a otro estudio que lo demostraba. Argumento que nunca incorporó hasta que cayó en sus manos el estudio, cuando es algo que entiende alguien con un mínimo de sentido común. Como no nos caben, los exportamos.

Anécdotas aparte, intentar apelar a que los parados son unos vagos que no quieren trabajar y que se incorporarían en masa al empleo porque el Estado les dé un dinero extra, es igual pecar un pelín de optimista. Si atendemos al caso de los parados, da igual con o sin prestación, lo que se está proponiendo igual no habla muy bien de todos estos «samaritanos».

Por ejemplo en España hoy en día hay más de 2,5 millones de parados que no reciben prestación, por lo que ya están lo suficientemente motivados para aceptar casi cualquier empleo. Del resto muchos cobran prestaciones que van de los 400 a los 450 euros. Los más «afortunados» en su versión contributiva, cobran una media de 780 €, pero que en realidad es el 70% de la base reguladora que baja al 50% a partir del séptimo mes, con lo que la pérdida de nivel de vida con la contingencia de desempleo es notable (con mínimos de 497 € y máximos de 1.400 con dos hijos). Todo esto aderezado con un 20% de paro y 9 de cada 10 contratos temporales.

En resumen, hay que ser un poquito malnacido para proponer un complemento salarial apelando a que incentivaría a los parados a buscar empleo. ¿Por qué salario pretenden estos señores que trabajen? ¿Qué tipo de empleo debe aceptar? Pero lo mejor es que estos tipos son los mismos quienes afirman que los contratos temporales afectan negativamente a la productividad y a la composición del tejido productivo. Recuerden, en España no había muchos albañiles porque hubiera una burbuja inmobiliaria, ni camareros porque sea un país turístico: eran los contratos temporales. Por lo que sea subvencionar salarios bajos, lo cual obviamente ocurre en trabajos de escasa cualificación y productividad, no tiene similar efecto. Es todo así de loco.

Pero si creen que la cosa no puede mejorar, el otro aspecto positivo en esto del empleo sería que mejoraría el «suministro de empleados», me encanta esa denominación, porque según los proponentes afloraría la economía sumergida y mágicamente dejarían de estar en el lado oscuro de La Fuerza. Lo cual es seguramente el beneficio más imposible con la aplicación del complemento salarial en nuestro país.

Empezando y conectando con lo antes dicho, no sólo los parados son unos vagos que no quieren trabajar por un salario miserable, sino que además defraudan a la hora de cobrar las prestaciones. Esto no es nuevo, ya lo hizo el Gobierno hace tiempo diciendo que había más de 500.000 parados cobrando indebidamente y luego descubrimos que aquellos quienes la habían perdido por compatibilizar con un trabajo «black» no llegaban a los 6.000 semestrales. Así que las mareas de parados cobrando en negro que regularizarían sus situación serían bastante residuales.

Ni tampoco quienes trabajan en la economía informal sin cobrar prestaciones tendrían demasiadas opciones de regularizarse, a pesar de lo que rezan los defensores de la aplicación del complemento salarial en nuestro país. Si así lo creen desconocen bastante los mecanismos de la contratación laboral en general y en nuestro país en particular.

Que exista una rama del derecho específica para la relaciones laborales no es un capricho, sino que nace de la certeza de que existe una asimetría en el poder negociador entre trabajadores y empresarios, a favor de estos últimos sobre todo si no existe el pleno empleo. De hecho nada impide que una relación laboral (o la compra/venta de trabajo) pueda desarrollarse bajo el Derecho Mercantil (¡Hola falsos y no falsos autónomos!). Aún así en mercados laborales eficientes lo normal es que sea el contratante quien tenga la sartén por el mango. ¿He dicho que España tiene un 20% de paro?

De hecho esta especie de «monopolio» en la contratación es especialmente marcada en la economía informal. Si se trabaja en negro, el 99% de las veces es voluntad del empleador y no del empleado. A igual salario neto el trabajador siempre prefiere estar asegurado, pero para que un contratante prefiera esa decisión debe ser a cambio de igual salario bruto. Si su coste total es el mismo, el empleador preferirá asegurar al trabajador para evitar sustos fruto de esa situación ilegal. Y aquí está la prueba de que el suministro de empleados «black» que pasarían a la economía formal no sería muy notable con la implantación de un complemento salarial.

Como vemos, a diferencia de los Estados Unidos, la mayoría de los impuestos al trabajo en España se canalizan a través de las cotizaciones sociales y no sobre impuestos por ingresos (nuestro IRPF), que además en su mayor parte son las cotizaciones empresariales.

Así que este otoño-invierno cuando vayas de jornalero a recoger la aceituna y te contraten para echar la peonada, le dices al contratante que esta vez te ponga de alta en la Seguridad Social porque te van a devolver dinero en la declaración de la Renta. Ya verás como te pone la manta encima y te varea las costillas, cosa que igual se agradece a la hora que empieza la recolecta. Si el empleador es el que decide si se contrata o no y si esta relación se legaliza o no, que a su trabajador le den un complemento salarial no le va a hacer retractarse de su decisión original de no pagar impuestos. A no ser que de alguna manera capture esa renta y con esto adelanto algo de lo que hablaré luego.

Es más, lo normal sería que los escasos casos de reducción del fraude se vean compensados por aquellos en los que aumentaría, ya que algunos trabajadores se verían incentivados a dirigir sus aumentos salariales al rincón oscuro. El diseño del complemento indica que la cantidad recibida aumenta hasta cierto nivel de renta, para luego ir descendiendo conforme se gana más dinero. Por lo que a partir de cierto nivel de ingresos, el trabajador se sentirá incentivado a aceptar el pago en negro de todo aumento salarial (por ejemplo unas horas extras) que le reduzcan la ayuda que le ofrece Garicano y su doctorando. Con lo que no sólo gastamos en el complemento, sino que perdemos los ingresos del extra que supondrían esos aumentos salariales.

Por último y como acabó ocurriendo con las leyes de pobres inglesas, este tipo de ayudas pueden acabar afectando a la productividad y movilidad de los trabajadores. ¿Para qué leches quieres trabajar mejor, formarte o moverte a un empleo que te saque de ser pobre? Si con estarte quieto vas a obtener parte de ese beneficio que conseguirías trabajando más duro o siendo más emprendedor.

Así que es posible que el número de parados o trabajadores en situación irregular aumentara, lo harían por salarios paupérrimos que afectarían al conjunto del tejido productivo y erosionaría el capital humano, serían pocos porque requeriría que el contratante asumiera un aumento del 30% del coste laboral que en teoría no disfrutaría y que ya antes no estaba dispuesto a asumir… y para colmo las gallinas que entran saldrían en forma de fraude que permitiera seguir disfrutando de las ayudas.

Y pasadas las supuestas ventajas del complemento salarial en España, basadas en la experiencia americana. Pasemos a su principal inconveniente.

El complemento salarial puede ser «capturado» por empleador.

¿Recuerdan esta conversación que les puse en la primera entrada de la serie?

Aquí el Garicano auténtico, el bueno, bueno, el prepotente y censor que hizo las delicias del respetable con su política de moderación en el blog Nada es Gratis. El supercatedrático que igual te arregla el tema del soberanismo catalán, que te resuelve el problema migratorio de la manera más elegante. El mismo que ante la cuestión de Scholar sobre la posibilidad de que el empresario capture el complemento, le acusa de decir «chorradas» (una de las expresiones favoritas de Garicano) y que se documente con «evidencias».

Pues nada amigos, les presentamos «The Earned Tax Credit (2015)», de Jesse Rothstein y Austin Nichols, quienes no sé si para esta gente es personal autorizado y su trabajo una «evidencia empírica», por cierto bastante favorable al EITC. Al loro, página 54 en conclusiones:

¿Está diciendo la «evidencia» que algunos beneficios del complemento pueden acabar en manos de los empleadores, al menos si éstos no van a acompañados de aumentos de salarios mínimos? ¿Está «la evidencia» contraviniendo a «la evidencia» con la que Garicano pretendía darse autoridad?

Esto no deja de tener su lógica y engarza con lo que comentaba en el anterior apartado. Si le pide a su empleador que le «legalice» asumiendo que debe pagar además el oneroso coste impositivo, él será más receptivo conforme su salario neto se rebaje lo suficiente como para cubrir su factura fiscal. Incluso en situaciones de perfecta legalidad, a la hora de las negociaciones salariales tanto el empleador como el empleado tendrán un incentivo a no moverse y no incorporar mejoras de la productividad en los salarios, para no reducir o perder el salario. O igual conviene bajar el salario para aumentar el importe de la ayuda, recibiendo el resto en un bonito sobre. Y es que en realidad a Garicano y sus Ciudadanos la situación de los working poors les preocupan menos que otro aspecto, igual que los trabajadores precarios les interesan poco cuando el «contrato único» no supone reducir el coste del despido.

Y es que, como nos decía el profe de Berkeley y su co-editor, si no se acompaña de una política sobre salarios adecuada parte del beneficio puede acabar en el bolsillo del empleador, como decía Escolar. ¿Qué opinan en Ciudadanos sobre el salario mínimo?

¡Sorpresa! No están a favor de subir los salarios en general y el mínimo en particular. Esto no es extraño para un señor quien opina que el desempleo y la pérdida de productividad se recuperan a base de congelación salarial. Es una posición respetable pero que no deja en muy buen lugar la intención de Garicano de acabar con la pobreza, cuando lo que está haciendo es proponer que ésta se mantenga. Es más, vimos en la anterior entrada que el EITC en Estados Unidos no acabó con la pobreza. Ahora es cuando ustedes se preguntarán cómo es posible que los empresarios que mantienen trabajadores en negro vayan a contratar por un beneficio que supuestamente no reciben, aumentando bastante sus costes, pero en cambio les es imposible subir el salario mínimo porque aumentaría el coste de contratar. ¿Para qué vamos a subir los impuestos a los empleadores por contratar si podemos dar un complemento que se paga con impuestos que abonan en buena parte… los empleadores? Vamos, que si esto no es una subvención a la empresas para mantener bajos salarios, se le parece demasiado. Pero si apelas mucho a los pobrecitos obreros desvalidos, porque no eres populista ni haces demagogia, se disimula mucho mejor.

Así que al final nos encontramos con que si no queremos subir el salario mínimo, el empresario puede quedarse con parte del botín. ¿Qué podría evitar la situación en ausencia de subidas de salario mínimo? La intervención sindical. Pero es conocido que Garicano y familia no son muy amigos de que los sindicatos tengan mucho poder negociador. Recordemos cuando este señor consideró la reforma laboral del 2012 «una buena reforma»:

De nuevo nos sorprende y avala los cambios en la negociación colectiva de aquella reforma del PP, lo cual a mí me parece estupendo porque es su cultura y debemos respetarla. Pero si lo llevamos al terreno de su famoso complemento salarial, el tema empieza a complicarse porque si por algo se caracteriza el universo al que estos señores quieren aplicar su complemento, es precisamente por la falta de tutela sindical. En teoría los sindicatos se vanaglorian para justificar las subvenciones públicas que reciben, pues tienen gran cobertura entre el colectivo de trabajadores.

Pero para quienes hemos trabajado en pequeñas empresas por sueldos bajos sabemos que en esas condiciones ni hay representación sindical, y si la hay es un trabajador puesto «a dedo» por el jefe. Ya no entro en el mundo de la economía informal antes comentado, donde no verás un sindicalista ni en cartelería, a no ser que sea Cañamero, El Pancetas y Bódalo, que sin dudar de su combatividad y eficacia igual prefiero otras compañías.

¿Quiénes serían los teóricos beneficiarios del famoso complemento? Exacto, trabajadores de PYMES o autónomos sin cobertura sindical, porque no creo que los funcionarios o los trabajadores industriales vayan a catar este invento. Con lo que si la ley no aumenta los salarios de los trabajadores pobres y sin capacidad de acción colectiva que impida la captura de la ayuda por parte del empleador, el resultado en el asunto sobre el que estaba disertando parece claro… a la luz de «mis evidencias». Así que Ignacio Escolar parece tener algo más de razón de lo que parece, al igual que las ayudas a la compra de vivienda eran capturadas en parte por los promotores, constructores o vendedores de vivienda gracias a la inflación del precio que provocaban, sin medidas adicionales el complemento salarial acabará siendo una ayuda a pagar malos salarios y en parte acabará en el bolsillo de quien contrate.

¿Acabamos?

En resumen y como cierre, aparte de constatar que me he venido un poco arriba con este asunto y que seguramente habré dicho muchas sandeces que me harán pagar en los comentarios (al contrario que Garicano, yo no borro «chorradas»), por mi parte tengo serias dudas de que el famoso complemento salarial vaya a ser una gran solución para acabar la pobreza laboral, más allá de la estricta transferencia de impuestos.

Como hemos visto ser un economista prestigioso o agitar artículos académicos no te exime de equivocarte y además en muchas ocasiones la «evidencia científica» es más contradictoria de lo que creemos y tendemos a creernos lo que confirme nuestros sesgos. De hecho mi frase favorita de los artículos es el famoso «más estudios son requeridos», porque por mucho que algunos pretendan ponerse por encima de todo, el mundo está lleno de fenómenos complejos estudiados por seres con capacidad de raciocinio y de procesamiento limitado.

También he expresado mis dudas sobre los beneficios en España del complemento salarial, en parte porque sus conclusiones académicas se han estudiado en escenarios que no tienen mucho que ver con la realidad de nuestro país (costes no salariales, financiación privada de sanidad o educación), no producen gran mejora en el conjunto de trabajadores (sólo reduce la pobreza de aquellos que reciben la transferencia y sumerge en ella a una proporción similar), tiene serios problemas de incentivos para la productividad, la formación o la movilidad y para colmo bajo las condiciones que se quiere implantar es probable que sea una subvención a los bajos salarios, pudiendo acabar en el bolsillo de los empleadores y generar fraude.

Así que tomando prestado aquello que decía Alberto Garzón al artista antes llamado Cives, ahora Luis Abenza, aquel que cerraba los comentarios en Politikon llamando «hijos de puta» a quienes le demostraran que Juanjo Dolado había hecho un poco el ridículo prediciendo la crisis, igual deberíamos ser un poquito menos perezosos, un poquito más humildes, al menos respetar que haya gente que piense distinto sin pensar que por norma será un imbécil y finalmente no pasarnos con las falacias de autoridad o de exhibir sólo los papelitos que nos den la razón. Yo debería ser el primero en aplicarme el cuento, y seguramente sea el primero en no cumplirlo.

 

 

 

Políticas basadas en mis evidencias (II)

En el episodio anterior comentaba que en muchas ocasiones se abusa de la falacia de autoridad para intentar defender determinadas políticas, con el argumento de que lo propone alguien muy prestigioso (aunque no sea prestigioso en ese área precisamente) o que hay «evidencias» sustentando esa posición… en países con realidades distintas al nuestro. Para ello había tomado como ejemplo la aplicación del famoso «complemento salarial» que Ciudadanos nos propone cada cierto tiempo.

Va siendo el momento de que exprese mis reticencias a la implantación de esta medida, no porque esté en contra de ella como decía en el anterior post, sino porque su aplicación en nuestro país no sería tan beneficiosa como se defiende. Sobre todo porque para llegar a buen puerto necesitarían de otras políticas, que precisamente quienes proponen el complemento abiertamente reconocen que lo hacen para evitar adoptarlas.

Por todo esto resumo de forma muy muy somera las conclusiones positivas que la «evidencia» sobre el complemento salarial nos muestra. E intentaré explicar por qué a mi juicio estos beneficios o son débiles o su aplicación en España tiene serias dificultades. Con lo que mejor vamos a relatar dichas conclusiones para entrar a matizarlas.

El complemento salarial reduce la pobreza en los trabajadores.  

Posiblemente este sea el axioma más inatacable del complemento salarial. Es complicado estar en contra de una idea que viene a decir que si le das dinero a un pobre es menos pobre. La cuestión fundamental no es si éstos trabajadores con derecho a cobrar el subsidio mejoran o no su situación, eso está claro, sino cómo afecta este incentivo al resto de los trabajadores (potenciales o en activo).

El ejemplo típico y que seguramente estén esperando es el comentario sobre el sistema Speenhamland, el cual se desarrolló en Inglaterra durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuyos resultados fueron básicamente la reducción de los salarios, la reducción de la movilidad laboral (gracias a las leyes de asentamiento anteriores) y las «pocas ganas de trabajar» del campesinado de los condados donde se aplicaron estas leyes. La más conocida crítica a esta versión vintage del complemento salarial la hizo Karl Polanyi en su conocido «La gran transformación«. Pero quizá lo más divertido de todo es que los principales críticos de las leyes de pobres inglesas de aquella época fueron los economistas clásicos (A. Smith, Malthus, Ricardo…), que posiblemente se estén descacharrando de risa en el otro mundo escuchando a algunos neoclásicos actuales defender estas cosas.

Pero más allá de este enfoque histórico-viejuno, podrán decirme con razón que rentabilidades pasadas no aseguran las futuras, también podemos observar que el complemento salarial en Estados Unidos tampoco es que sea la repanocha a la hora de reducir la pobreza y desigualdad. Y con dibujos todo entra mejor.

Recordemos que el complemento salarial americano (EITC) fue creado en 1975. Por lo que podemos ver hoy en día la situación de pobreza en los USA no es mejor que en los tiempos de la creación del complemento. Si me apuras es hasta peor sobre todo cuando ves su desempeño en desigualdad.

Por supuesto no quiero decir que el complemento salarial en Estados Unidos sea el responsable de esta evolución, pero lo que sí podemos ver es que su efecto para mitigar los problemas de pobreza y desigualdad es más bien escaso. Claro que muchos podrán replicarme y con razón que los pobres habitualmente son quienes no trabajan, pero la «evidencia» tampoco deja en muy buen lugar a los trabajadores pobres americanos.

Ni parece que la proporción de trabajadores mal pagados en USA haya evolucionado a mejor en el tiempo de aplicación del EITC. El % de trabajadores que ganan menos de 2/3 del salario medio ha aumentado levemente. Su comparativa internacional tampoco es que deje a los «usanos» como unos genios en la lucha contra los working poors.

Así que básicamente podemos aceptar la idea de que los trabajadores pobres son menos pobres si se les da dinero e incluso que este dinero puede ser utilizado eficazmente… en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo vemos que el EITC en perspectiva sobre el conjunto de trabajadores no reduce la pobreza «antes de la transferencia», a pesar de ser un país que duplicó su renta per cápita en el periodo. El complemento salarial puede ser eficaz a la hora de mejorar la situación de los trabajadores pobres, pero en casos muy determinados y por supuesto no es «El Plan» que Garicano y sus Ciudadanos nos quieren vender.

El complemento salarial reduce especialmente la pobreza infantil.

Este es el segundo axioma de la literatura científica sobre los complementos salariales: se reduce especialmente la pobreza infantil. Esto aplicado a países como Estados Unidos es entendible y de hecho explica que uno de los aspectos más estudiados sea el efecto del complemento sobre familias monoparentales, en especial si el progenitor es mujer. Este colectivo tanto por sus circunstancias personales como por motivos discriminatorios tiene una mayor probabilidad de sufrir precariedad y peores salarios. Esto es algo que también ocurre en nuestro país, pero dos gráficos nos mostrarán cuál es la diferencia entre darle dinero a un pobre con hijos español y uno norteamericano.

Lo que nos dice la «evidencia» es que la pobreza infantil mejora esencialmente por una mejora de las familias en los ámbitos educativo y de salud. Niños mejor formados y más sanos tienen mayor probabilidad de conseguir el ascenso social (y sus padres también).

Pero si observamos vemos que Estados Unidos es uno de los países desarrollados que mayor gasto privado emplea en educar y en asistencia sanitaria. Esto es especialmente notable en el caso de la sanidad estadounidense, conocida por su ineficacia y poca equidad en el acceso para su nivel de desarrollo.

Respecto a la educación y en honor a la verdad las diferencias de gasto privado educativo entre un país como USA y España están más fundamentadas en la educación universitaria que en la Primaria. De hecho descontando el «efecto universitario» el gasto privado en educación USA-España es muy similar. Pero existe una pequeña diferencia. Como ya vimos hace tiempo España es el 3º país europeo y 4º de la OCDE que más alumnos tiene en colegios de titularidad privada, cosa que no ocurre en el nivel universitario donde la mayoría van a una pública. Mientras tanto en Estados Unidos el 91% de los alumnos de Primaria y Secundaria van a centros públicos. Esto a nivel de gasto de estricta escolarización no se nota, ya que en Estados Unidos la escuela pública también es gratuita. Pero los gastos asociados, la zona en la que se encuentre la escuela y sobre todo la posibilidad de captar fondos adicionales hacen la diferencia entre centros sea notable.

Por eso en USA darle dinero a una madre soltera beneficia la educación y la salud de sus hijos, redundando en un beneficio para la familia. Pero en España seas rico o pobre tienes asistencia sanitaria gratuita y sin copago, medicinas subvencionadas y no tendrás problemas en que tu hijo camine del parbulario a la universidad si así lo desea. En cambio la realidad en USA hace que un puñado de dólares sea la diferencia para obtener una buena sanidad y educación, sobre todo educación superior que es la que te proporciona «la escalera».

El complemento salarial mejoraría la situación de los trabajadores más desfavorecidos, pero de menor forma porque su principal efecto, reducir pobreza infantil a través de mejores niveles educativos y sanitarios, es menos aplicable a la realidad española que a la americana.

En la próxima entrada veremos el tercer aspecto positivo y algo del legendario efecto negativo del complemento salarial.

Políticas basadas en mis evidencias (I)

En muchas ocasiones habrán escuchado a los McGyvers de nuestro espectro mediático decirnos que debemos implantar «políticas basadas en la evidencia». Les llamo McGyvers, en honor al legendario personaje televisivo, porque en su versión personal o formando en stable son capaces de resolver cualquier problema gracias a su autoproclamada inteligencia y capacidad superior. ¿Necesitas acabar con el paro? Saben hacerlo. ¿Quieres hacer una reforma electoral? También saben hacerla. ¿Quieres acabar con la corrupción? Pues el mismo tío de antes también lo sabe. En un blog o en una columna periodística son capaces de solucionar nuestras vidas y todo lo hacen apelando a la «evidencia». Hay que hacer «políticas basadas en la evidencia» y ante este tipo de razonamientos es imposible resistirse, ¿quién puede oponerse a «la evidencia» o a «la razón»?

El problema es que este debate siempre lo plantean los que denominamos «científicos sociales», lo que ya de por sí te hace dudar de lo «científicos» que pueden sus planteamientos. De hecho no pocos académicos de estas ramas del conocimiento te reconocerán que lo suyo dista bastante de seguir los preceptos necesarios para cumplir con el método científico. La mayoría en cambio dirán que lo suyo es ciencia dura como Steven Seagal, bien por convencimiento o por autojustificación. Un ejemplo son los economistas, quienes luchan para ser reconocidos como científicos embadurnando su disciplina con matemáticas. Aunque como dijo Alfred Marshall:

He llegado a la conclusión de que la economía es un vano intento de narrar la psicología.

Un ejemplo lo veía hace unos días con el inefable JFV, en su habitual y respetuosa manera de tratar al discrepante. Lo mío es ciencia porque hago cuentas, mientras que los demás son tontos, vagos y sólo quieren llamar la atención haciendo pseudociencia (aunque también hagan cuentas como él).

Muchos de los economistas más prestigiosos del último siglo te podrán decir que además de matemáticas hay que tener en cuenta la historia, la sociología, la psicología… Lo que confirma que JFV debe ser uno de los cinco mejores economistas españoles (que estén vivos y no decrépitos), pero también uno de los cinco mayores gilipollas.

Pero no es de este eterno e irresoluble debate de lo que quería tratar, sino de otro efecto que puede producirse cuando apelamos a la llamada «evidencia»: llegar a la falacia de autoridad. Esto puede afectar a personas o a las posiciones que esgrimen. Por ejemplo es frecuente, engarzando con el caso que voy a comentar, escuchar que el «Luis Garicano político» mola mucho porque es catedrático en la LSE y por lo tanto siempre llevará razón. Lo cual no sólo es falaz porque ya se ha demostrado que se equivoca como todo el mundo, sino porque el área en la que este señor ha desarrollado su trabajo académico mayormente es el del Management u Organización de empresas. Así que en su función de político donde nos quiere arreglar el paro, la educación o la pobreza no deja de ser un cuñado que, al igual que cualquier otro humano como quien les escribe, toca de oídas. Por eso a mí más allá de que Garicano sea el sobrino-nieto de un ministro franquista y que apele a la meritocracia porque le dieron becas aunque luego resulten ser más oscuras que el sobaco de un grillo, no me preocupa su respetable trabajo como académico especialista en Management como su faceta de político con ganas de pillar cargo e influencia (propio o interpuesto a través de su doctorando).

Lo mismo estamos viviendo con una de las propuestas estrella de su partido, el famoso complemento salarial, que sale a escena en cada campaña electoral ahora que abundan, o en cada fallido pacto de gobierno en esos actos de figurinismo que tanto le gustan a la formación naranja. Si osas criticar la implantación de esta medida te vas a encontrar con dos respuestas: Lo propone uno que sabe y además…. ¡hay evidencia científica! Te intentarán dar en los morros con los famosos artículos que supuestamente demuestran que aplicar el famoso «complemento salarial» en España sería de lo más beneficioso. Véase el ejemplo:

Ya veremos que Garicano hace honor al título del post y más allá de «sus evidencias», todo es «chorrada» (el Garicano pedante y censor es el auténtico) aunque otras evidencias puntualicen las suyas. Los defensores de esta medida siempre te dirigirán hacia «sus evidencias». Véase otro caso:

Lo más divertido de esta posición es que todos aquellos que defienden esta medida lo hacen apelando a «evidencias empíricas» de estudios que miden su eficacia… ¡en los Estados Unidos! A lo sumo lo harán con el caso británico, esto no es extraño ya que el EITC (que es cómo se llama en USA el equivalente al CSA) se implantó en 1975 bajo la administración Nixon y por lo tanto es el caso más común de estudio. Los working tax credit británicos son de 2003 y el Jobbskatteavdraget sueco es del 2006. Nombro estos países porque son a los que apelan en C’s para vendernos la medida como lo más. Por lo que es normal que el grueso del trabajo de los estudiosos se haya centrado en el caso estadounidense. Pero hay un pequeño problema y es que esto es España.

Este argumento puede parecer el típico cuento «culturalista» que tanta alergia le produce a los fans de Acemoglu y Robinson con su «Por qué fracasan los países», pero en realidad es un argumento mucho más razonable y menos «culturalista» de lo que parece. Más allá de que, volviendo al tema de ciencia y economía, se pretendan obviar características históricas y sociales que definen a nuestra sociedad, no me canso de decir que el hecho de que una política pública funcione en un país, no quiere decir que ésta vaya a tener resultados análogos en otro. Y esto no es un tema exclusivo de lo que se llama «diseño» de dichas políticas. Éstas intervienen junto a otras políticas y por eso en este asunto el orden de los factores sí altera el producto. Un ejemplo chusco es el de aquellos que proponen el despido gratuito porque se hace en Estados Unidos o en Dinamarca (esto último además no es cierto), cuando eso mismo se aplica también en el Congo, Haití, Iraq o Rumanía, países a los que no tocaríamos ni con un palo.

Por eso sorprende que a la hora de defender una política pública que supuestamente sería muy beneficiosa para España y además hacerlo apelando a una especie de «superioridad intelectual demostrable», sean incapaces de mostrar un estudio que demuestre su impacto en nuestro país. Pero no se preocupen que no tardando demasiado think tanks tipo Fundación BBVA empezarán a publicar estudios al respecto. Pero resulta llamativo que una idea tan buena y que lleva 40 años de éxito en los sacrosantos Estados Unidos, no tenga ninguna «evidencia» que respalde su aplicación en España. Al menos que sea conocida por aquellos que más la defienden, ya que no las citan.

Vaya por delante que, al igual que me pasa con el famoso contrato único, no es que yo sea detractor del complemento salarial porque sí. Puede ser una buena idea, siempre que vaya acompañada de otras políticas necesarias para su buen fin. Pero como vamos a ver ni es el caso, porque la intencionalidad con la que Ciudadanos quiere implantar esta medida es precisamente contraria a esas otras políticas necesarias, ni buena parte de sus efectos positivos serían aplicables a la realidad de los «trabajadores pobres» de nuestro país.

Pero como la introducción se me ha ido un poco de madre, lo veremos después de la publicidad.

Edit 21/09: Hoy en ElConfidencial publican este artículo que viene al pelo.

Actores precarios: disparen a un político

Esta mañana me levantaba con este artículo de Lo Español, diario digital de Pedro Jota. El artículo, escrito a partir de la publicación de un estudio de AISGE (la entidad que gestiona los derechos propiedad intelectual de los artistas escénicos), comienza mostrando la gran precariedad que sufren los actores, aunque esto sería extensible a la mayoría de las profesiones ligadas a las artes escénicas.

Nunca viene mal que se presenten datos concretos, aunque sea para que te descubran la rueda. Pero por este preciso motivo no resulta sorprendente que la mitad de los actores no hayan trabajado en los últimos dos años y que quienes lo hagan en su mayoría consigan ingresos miserables. Más que nada porque salvo casos y momentos muy puntuales, de artista nunca se ha vivido muy bien. Podríamos poner 500.000 ejemplos históricos de artistas ilustres que vivieron y murieron en la más completa mediocridad económica, porque no les daba el dinero o por su mala cabeza. Sólo aquellos que vivían protegidos por el mecenazgo podían vivir con mayor tranquilidad.

Por lo tanto esta precariedad no por ser lamentable deja de ser consustancial a la profesión. De hecho yo siempre he dicho que de artista, o actor en el caso que nos atañe, no trabaja el que quiere sino el que puede. Una de las cosas que se concluyen en el artículo es que existe un exceso de demanda en la profesión actoral, lo cual es a todas luces cierto. Yo vivo en Madrid y por lo tanto tengo la suerte de tener la mayor oferta cultural, y más concretamente en artes escénicas, que existe en todo el país. Pero al mismo tiempo ni os podéis imaginar la cantidad de hombres y mujeres que viven en Madrid buscando el sueño de convertirse en actor. Porque si quieres ser actor en Palencia lo vas a llevar jodido. Ellos y ellas viven entre nosotros, pero no somos capaces de detectar cómo aplican el entrenamiento «viewpoints» colocando las camisetas del Primark  o las copas en su local preferido. Al igual que los niños quieren ser los delanteros de su equipo favorito, pero la oferta es la que es, con la interpretación pasa un poco igual.

El artículo va desarrollándose hasta que llega el momento «testimonios», donde se le pregunta al actor Sergio Pazos y a un señor de una productora/distribuidora. Entonces llega el momento de echarle la culpa a alguien de los problemas de las artes escénicas en general, del teatro en particular y… ¿adivinan quién son los responsables? ¡Los políticos! Sí amigo lector, da igual a qué te dediques o cual sea tu circunstancia, que siempre le puedes echar la culpa a un político de tus problemas. Con esto no quiero para nada defender a nuestra clase política y entiendo que, igual que la precariedad para los actores, la responsabilidad es característica fundamental de la política. Pero cuando observas los motivos «políticos» que aducen los entrevistados, te muestran realmente cuál es el problema de la industria cultural en nuestro país y que poco (o mucho) tiene que ver con la política: la incapacidad de vivir sin recibir de lo público.

Esta necesidad del apoyo de los poderes públicos es algo que no es casual, ya que incluso es imperativo legal y para más reseña constitucional.

Artículo 44: 1) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2) Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Lo que pasa es que con esto de los derechos constitucionales ya se sabe, que tengas derecho al trabajo o a una vivienda digna no se interpreta como que deban dártelo hecho. Y en ocasiones con los profesionales de la cultura y muy concretamente con los de artes escénicas, pareciera que están dos peldaños por encima de los demás a la hora de exigir el apoyo público. Una muestra de ello son los argumentos que esgrime el señor de la distribuidora, cito alguno textualmente:

“Durante la crisis las programaciones se han polarizado. Para reducir el riesgo y mejorar resultados se ha apostado o bien por lo mediático o bien por lo local. Dejando un poco aparte los teatros privados, que sí se atreven a programar otras cosas. Sin embargo, son minoría. El político quiere ver el teatro lleno, por lo que contrata al famoso o al del pueblo. Así, la fidelización se resiente. Todo lo que queda en medio, entre lo mediático y lo local, desaparece, se barre”.

Aquí el autor de la cita construye un argumento bastante perverso a partir de un hecho que sí es cierto. Cuando éramos ricos, además de AVEs a ninguna parte y aeropuertos sin aviones, otra de las infraestructuras que abundaron fueron los teatros y auditorios, sobre todo municipales, que fueron proliferando en cada pueblo de nuestro país en cumplimiento del antes citado artículo constitucional. Y cuanto más grande, más votos. Lo que ocurre es que, como todos sabemos, ahora ya no somos tan ricos como entonces.

Hay que tener unos cojonazos like the Espartero horse para centrar la crítica en los responsables de los teatros públicos por querer ver los teatros llenos y un poquito de mala memoria para encima decir que son los teatros privados los que sí programan actividad «no mediática o local». Más que nada porque es falso, siempre ha sido al contrario. Son los teatros y salas privadas las que por su condición de actividad que necesita cubrir costes y obtener beneficios, siempre ha sido más propensa a intentar llenar los teatros. En cambio los teatros públicos podían acumular pérdidas todos los años porque el presupuesto enjuagaba y abrillantaba, por lo que más allá de concejales megalómanos (que siguen existiendo), si alguien se esforzó por no programar de forma comercial fueron precisamente aquellos recintos que no tenían la necesidad de obtener un lucro. Y el que no se lo crea, que repase la cartelera de los teatros públicos y privados para comprobarlo, que en la capital mesetaria de tanto Rey León y el Toc toc nos vamos a quedar idiotas y sin cenar.

Si con «teatros privados» el distribuidor quiere referirse a salas medianas o pequeñas en las principales capitales, sí que es cierto que se programa de otra manera, pero en muchos casos no es por querer, sino por no poder. De hecho nada impide a nuestro amigo Carlos abrirse una sala y traerse a un poeta-cantautor. De hecho como decía vivo en Madrid y aquí se abren 17 o 18 espacios escénicos todos los días… y se cierran otros tantos. Porque se ponga como se ponga este señor no son viables, a pesar del sacrificio y abnegación de las personas que los constituyen y trabajan en ellos: desde el dueño hasta el actor que está de paso.

Así que no es que los teatros públicos estén dejando de pagar cachés y ofreciendo repartos de taquilla por maldad institucional, ni están optando por programaciones más comerciales por fastidiar a los actores, sino porque si no se equilibran los presupuestos de los auditorios entre recoger la basura de la ciudad y pagarle el caché a Carlos el distribuidor, el alcalde y los vecinos lo van a tener muy claro. Y si se contrata «lo local» es porque además de atraer público (si no viene a verte tu madre tú me dirás), el coste de la producción es más económico para todos. Efectivamente las programaciones se han polarizado, tanto en los teatros públicos como en los privados, pero el cambio ha sido más notable en los primeros porque han pasado de ser un pozo sin fondo a intentar equilibrar sus cuentas. Si cierra la sala de teatro de tu barrio no suele pasar nada, si al INAEM se le ocurre cerrar un par de teatros tenemos el taco formado. De aquí a decir que los actores no trabajan porque no les programan teatros públicos hay un trecho.

De hecho se habla de RedEscena y de las 5.000 compañías existentes en España. La Red de Teatros afirma tener más de 700 espacios de exhibición. Creo que una simple operación aritmética nos demuestra que el problema no es tanto del concejal de Cultura del pueblo, como de que es materialmente imposible programar a todo el mundo, a no ser que Santo Impuesto corra con la cuenta. Pero ya veremos que «La Fe», que no Delafé, tampoco es la característica más frecuente entre nuestros artistas. Y como decía ya hace 3 años, la industria cultural en nuestro país sobre el apoyo público que reciben, es mejor que no hablen demasiado.

Abundando en todo esto, el relato en el artículo sobre el Programa Platea del INAEM es otra muestra de los males de la industria cultural, en este caso escénica. Como bien explica el distribuidor este es un programa que se dedica a ayudar a los teatros municipales a pagar los cachés de los espectáculos que quieren programar, pero tiene un problema y es que tiene límites. Así que los ayuntamientos, mira tú que raro, prefieren intentar cubrir la parte del coste que les corresponde (al que tienen que añadir los gastos generales de recinto, el personal técnico, etc.), que contratar a alguien a quien no va a ver ni Dios. Si los poderes públicos deben velar por acceso a la cultura, ¿eso cómo se hace si al teatro no viene nadie?

Este problema, si el objetivo fuera la distribución de montajes modestos y no simplemente ayudar a los recintos a sobrevivir, se podría solucionar si se modificara el catálogo de elegibles. Porque existe un catálogo de compañías que pueden ser contratadas y por lo tanto sería tan sencillo como eliminar «lo local» y «lo mediático» de la lista. O tan complicado, porque si vamos a poner a un funcionario a elegir a partir de cuándo una producción es comercial y dónde acaba el pueblo, les deseo mucha suerte.

Pero el tremendo combo que remata este despropósito se cierra con el capítulo de «soluciones», que resumiendo consiste en «aumentar la dotación» y «bajar el IVA cultural». O sea, más dinero y a la vez lo contrario. ¿Y quién va a pagar entonces? Pues tu puta madre en bicicleta, que no es un improperio hacia nadie sino el homenaje a un gran actor. Ojo que esta gente que pide estas cosas se supone que es la élite intelectual de nuestro país.

He declarado en «cienes» de ocasiones que la famosa reclamación sobre el mal llamado IVA cultural, no deja de ser la protesta del «bloque pijo «de las artes escénicas quienes ven mermado su negocio. Esos que en el artículo se comenta que «se hinchan a trabajar porque mañana Dios dirá «y quienes mientras llenen las salas no tendrán reparo en seguirles contratando, para luego echarle la culpa al político de turno de que el resto de actores estén en paro. De hecho últimamente muchos popes de las artes escénicas en nuestro país echan pestes sobre los gestores públicos, cuando su poca fortuna la hicieron (y siguen haciéndola) precisamente gracias a esos gestores públicos que les llenaron los bolsillos. Es como aquellos científicos estrella que vinieron hace años a centros de investigación que lo público construía y que cuando se terminó el dinero marcharon corriendo echando pestes del «sistema científico español». En ambos casos el sistema era el mismo antes, durante y después de venir, pero nunca expresaron su descontento mientras se le fue llenando generosamente el cazo. No es broma, yo he escuchado a alumnos de la RESAD contar que sus titulaciones son las más deficitarias de España, pero aquí con echarle la culpa a un político tenemos el expediente cubierto.

No quiere decir que una subida de IVA no afecte a todo el mundo, pero al ser éste un impuesto al consumo y por lo tanto proporcional al mismo (y a su precio), afecta en mayor medida a quien más vende. Por esto a pesar de que todo el sector lo haga suyo, son los grandes quienes más visibilidad le dan a la protesta. Y es que junto al financiero, el lobby cultural es el más poderoso que existe. ¿Por qué? ¿Quiénes son los mayores productores de cine o editoriales en nuestro país? Los medios de comunicación están por ahí y a nadie le gusta tener mala prensa. Vivimos en un país donde tras el tráiler del último Torrente podíamos escuchar: Atresmedia, cultura europea. Es para lanzarles un mocasín a la crisma.

Es curioso, y engarzando con las críticas al político de turno, que uno de los argumentos que se da para revertir aquella famosa subida del IVA sea que se ponen obstáculos al acceso de los ciudadanos a la cultura. Sí amigos, los mismos señores que llevan años cobrando la declarada como abusiva tarifa del 10% a todos los teatros, incluyendo los públicos, para su uso y disfrute particular y sin entrar en los malos usos que han hecho. Por cierto, ¿saben exactamente qué IVA repercuten los teatros públicos en sus entradas? ¡Están exentos! Así que si en un teatro público le cobran el IVA, es porque alguien que no es el teatro se va a llevar parte o toda la taquilla.

O sea, que si es tu impuesto privado no impide el acceso a nadie, pero el impuesto que podría servir para «dotar» de oportunidades a aquellos que no las tienen es El Mal. Como les decía antes, rezarle a Santo Impuesto no es el fuerte de muchos de nuestros artistas, ni van a ver a muchos de los que claman contra el IVA cultural protestar por las condiciones que sufren otros trabajadores del sector, con auténticos y falsos autónomos por doquier. Condiciones que algunos de ellos imponen y que si todo falla, resulta ser culpa de los políticos porque no les bajan la cuota. Y si no queremos esta ventaja fiscal, pedimos otras como leyes de mecenazgo y los colegios que los pague la señora en bicicleta.

A todos nos gusta pagar menos impuestos y que nos salga más barata la entrada del teatro, pero al mismo igual deberíamos preguntarnos cómo vamos a ir al teatro, que tiene que ser público en zonas donde una iniciativa privada no va a llegar (no se ven hoy muchas Barracas) si no lo hacemos.

Aquí es dónde nos deberíamos preguntar cuándo debería aplicarse un tipo impositivo reducido o cuándo deberíamos dar ayudas. Respecto a esto último y como decía un director de cine español: «lo que no es normal es que Almodóvar o Amenábar se lleven las mayores ayudas», con lo que era lógico que al final pasara lo que pasó y pasa lo que pasa. Y recordando lo dicho sobre el tráiler de Torrente, deberíamos preguntarnos si determinados «productos» siendo rentables deben recibir cualquier tipo de ayuda e incluso si éstos son realmente «cultura». Pero claro, aquí llegamos a la eterna e irresoluble cuestión de qué es y no cultura. ¿Deberíamos gravar igual el ensayo de un escritor novel que las memorias de Belén Esteban?

Por lo tanto como nadie nos puede decir qué es o no es cultura, y sálveme el Diablo de quien quiera hacerlo, al final la única manera justa de resolver el entuerto no sería ayudar a la cultura, sino ayudar a quien facilite el acceso a la cultura para la población, ya que va a ser ésta quien les ayude, pueda obtener luego el acceso. Pero esto requeriría una revisión de los sistemas de protección de derechos de propiedad intelectual y aquí nos tropezamos con dos piedras: el derecho comunitario y las propias entidades que gestionan los derechos de autor. De hecho como dice David Bravo las leyes de propiedad intelectual cambian cuando vencen los derechos que posee Disney (lobbies everywhere). Ni una broma, que la entidad que hizo el informe, AISGE, le quiso cobrar a los hospitales porque los pacientes vieran la TV… menos mal que era a los hospitales privados y así te sientes mucho más rojo. Así que personalmente si alguien me pide una subvención y un trato fiscal preferente, para luego proteger su obra hasta 70 años después de muerto y encima llevarse el 10% de la taquilla además de sus caché y/o recaudación restante… pues mire, lo siento pero no. Al mismo tiempo tendremos que ayudar a aquellos que realmente lo necesitan y no a Mediaset o al Grupo Planeta.

En resumen porque esto se me alarga, que el amor por extender el arte y la cultura entre los ciudadanos dure justo lo que tarda en sonarnos el estómago es algo muy lógico. Pero esta fijación que tienen muchos componentes de la industria cultural, en especial aquellos que pertenecen a las artes escénicas, con responsabilizar al poder público de sus problemas roza lo enfermizo. No le puedes echar la culpa al programador de un teatro público por no contratar a la compañía de Danza que nadie sabe quién es, encima diciendo que eso sí que lo hacen los teatros de titularidad privada, cuando éstos últimos no la programarían ni aunque les pagaras tú. Y sobre todo no tengas las santas criadillas de pedir un régimen fiscal privilegiado porque eres guay, eres cultura y quieres ayudar a los pobrecitos actores a los que pagas tres perras y los técnicos «falso-autónomos» que te hacen las luces.

Si realmente quisiéramos ayudar al precariado que interpreta, escribe, forma, diseña, lo monta todo, vende entradas y muchos empleos que dependen de la actividad escénica, quizá no debas mirar tanto al concejal de festejos del Villarriba porque la precariedad en el sector ya venía de antes, sino a esa industria asquerosamente mafiosa e injusta que a algunos tanto beneficia. No digo que sea el caso del distribuidor del artículo, otro damnificado del sistema, pero su comentario es la reproducción del argumento de estos «mediáticos», que cuando les vea pidiendo mantener el IVA para ayudar a los necesitados y que tus derechos los cobren tus nietos es pasarse un rato, igual empiezo a pensar que tienen interés en el lumpenproletariado de los intérpretes.

 

 

 

España, ¿país de camareros?

Juan Ramón Rallo hizo un chiste.

Aprenda a trolear con el Juan de Mariana

Un mal chiste, en primer lugar, porque como le recordaron varios interlocutores «funcionario» no es una profesión y por lo tanto la comparación muestra sus fobias personales más que un comentario razonado, porque mezclar una profesión con un tipo de empleador son más ganas de hacer el troll que otra cosa. Se podría uno preguntar por qué Rallo califica a España «país de funcionarios» cuando los «no funcionarios» les multiplican por 5, o si es un país de «emprendedores» porque existen más autónomos que funcionarios.

Es más, varias personas le aceptaron el «challenge» y le mostraron que hablar de «sobre ponderación» de funcionarios igual era columpiarse un rato. Por ejemplo un servidor:

Que la realidad no te estropee un buen chiste LET

¿Cuál fue la respuesta de nuestro insigne liberal?

Mezclando manzanas y peras

Ahora es cuando usted se pregunta a qué viene hablar de la «compensación de empleados» cuando él era quien había hecho una comparación en base al número de empleados. Es tan sencillo como que se metió en un berenjenal y la única manera que veía de salirse era meter su «morcilla ideológica» para regocijo de sus fans, en un ejemplo palmario del dicho popular ¡patatas traigo!

En realidad que Rallo haga un chiste troll, le hagan ver que hace el «cuñao» y que su vía de escape sea hablar de otra cosa para escurrir el bulto, sinceramente me importa poco. Pero el asunto sirve de acicate para hacerme la pregunta: España, ¿país de camareros?

El mensaje de Juan Ramón Rallo no es casual, ya que la «España de los camareros» ha vuelto a la actualidad a raíz de la última publicación sobre afiliaciones a la Seguridad Social, donde la profesión de camarero es la que mayor aumento ha tenido en los últimos años y la que mayor diferencia positiva acumula desde el inicio de la crisis.

De hecho sólo la educación supera a la hostelería como actividad que mayor número de afiliados ganó. Por si alguien quiere hacer otro chiste de funcionarios, parece ser que es la apertura de academias y formación no reglada la que explica ese aumento y no el empleo público. Por este motivo es por el que se ha reavivado el comentario de que España es un país de camareros, o siendo más precisos un país donde la hostelería tiene un peso importante. ¿Es cierto?

En un país con 18 millones de afiliados, tenemos algo más de 1,5 millones de trabajadores en la hostelería, siendo la tercera actividad con más trabajadores por detrás del comercio y las manufacturas. ¿Son muchos o pocos? Pues eso dependerá de cómo lo mires, ya que si decimos que la hostelería representa el 8,5% del empleo en España, obvio es que los «camareros» son minoría respecto al resto de trabajadores. Pero en realidad si quieres conocer la preponderancia de un sector o actividad debes comparar su peso en la economía (o en el empleo que es lo que nos ocupa) y con otros países. Recordemos que España fue durante el nacional-social-ladrillismo «país de albañiles» (y de camareros) no porque la mayoría de españoles trabajaran en la construcción, sino porque su peso era bastante mayor que en el resto de países.

¿Ocurre lo mismo hoy con la hostelería? Para ello he tirado de OCDE y el primer ejercicio consiste en saber qué proporción representan los trabajadores españoles respecto a los de la zona Euro (tomo ésta en deferencia al subrayado salarial de Rallo) por cada actividad. Por ejemplo vemos que España, a final de 2015, representaba el 12,68% del empleo total en la zona Euro. Por actividades la cosa queda así:

(click para ver mejor los gráficos)

España destaca en tres actividades: lo que podríamos llamar «servicio doméstico», la famosa hostelería y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En cambio, quitando la actividad en organismos internacionales, las tres actividades donde España tiene un peso menor en el total de la zona Euro son: electricidad y gas, salud y servicios sociales, actividades inmobiliarias, quedando muy cerca las manufacturas.

El segundo aspecto que podemos ver es la diferencia de peso que hay en cada actividad en su zona geográfica entre la zona Euro y España.

¡Salta la sorpresa en La Condomina! Sigue siendo el Servicio doméstico, la hostelería y la agricultura, ganadería y pesca los campeones. Con artistas invitados, nunca mejor dicho, en actividades artísticas, servicios administrativos o el comercio. Pero recopilando y con vista a responder a la pregunta que me hacía, la hostelería española supone en 21,41% del total de la zona Euro y su peso en la actividad nacional es 3,48 puntos y un 68,90% superior de lo que es en la zona Euro. Si a esto además le sumamos que el número de camareros supera la suma de los empleados domésticos y los campesinos, empezamos a adivinar que la afirmación de que España es país de camareros es más acertada de lo que a primera vista puede parecer.

Sobre el chiste de Juan Ramón Rallo poco que añadir, porque su salida por peteneras cuando le muestran que ha dicho una simpleza habla por sí misma. Y como digo es lo menos importante. Respecto a lo que realmente me interesaba, que era conocer la preponderancia de la hostelería en nuestro nivel de empleo, pues parece claro que los «camareros», entiéndase hablar de esta profesión sin ningún sentido peyorativo, están bastante sobre representados. Así que no sé si España es un país de camareros o no, pero trabajadores de la hostelería tiene bastante más de los que corresponderían a la media de la zona Euro. Es obvio que si el turismo en España es un sector capital y está en buena forma, esto está repercutiendo en el resultado. Pero al mismo tiempo debemos plantearnos cómo la sobre ponderación de actividades de bajo valor añadido puede afectarnos a nivel de productividad, salarios, etc. Como siempre habrá un Estado al que echarle la culpa, nuestros queridos liberales seguirán haciendo chistes con poco fundamento para congratularse entre ellos. Luego les extraña que casi nadie les tome en serio.

 

 

Sólo una universidad española entre las 200 mejores de mundo

«Sólo una universidad española entre las 200 mejores de mundo». Éste es un titular que habrán leído o escuchado en los medios en los últimos días y que procede de la publicación de enésimo ranking de universidades publicado: el del CWUR (Center for World University Rankings).

Este ranking de procedencia saudí es otro de esos engendros creados al calor de las políticas nacionales de algunos países, que se han puesto manos a la obra para mejorar sus sistemas universitarios. Sí, es otro de esos rankings que pretenden explicarnos cuáles son las mejores universidades del mundo, casi ná. Por lo tanto es otro de esos rankings inútiles que sólo sirven de divertimento a políticos, periodistas o para rectores que necesiten rellenar un discurso institucional.

El CWUR no deja de ser una copia del conocido ranking de Shanghai (ARWU), con una metodología que no dista demasiado de su primo chino y que, como pueden ver en este enlace, pondera las cosas de forma un poco particular. Como máximo exponente de este hecho encontramos que el 25% de la puntuación global y como medida de “empleabilidad”, se expresa por la «cantidad de CEOs en grandes empresas», entendidas las grandes empresas como aquellas que están en la lista de 2000 compañías de Forbes. Que la empleabilidad de una universidad se mida de esta manera y que además su peso en el resultado final sea desproporcionado produciría bastante risa, si no fuera porque hay gente que se lo toma muy en serio. Por eso y como dije hace tiempo sobre el ranking de Shanghai, tomarse estos ranking muy en serio desprestigia más a quien lo hace que lo contrario, aunque ese no sea el famoso “consenso”.

Luego cuando dices que eres bastante crítico con los famosos rankings, te miran con cara de estar despegando. Conste que soy partidario de su existencia, pero un ranking es útil cuando expresa cosas muy concretas, con datos homologables y una metodología aceptable. Un ranking de la «mejor universidad» nunca lo es, ya que dependiendo y a quién preguntes el concepto de “mejor universidad” será uno u otro.

Pero estos rankings están ahí y se van a quedar, sobre todo para que muchos podamos utilizarlos a conveniencia. Y en España eso se traduce en la posibilidad de ejercer nuestro habitual bartrinismo, vocablo acuñado en honor al poeta catalán. Véase como ejemplo cómo titulaba esta entrada: «Sólo una universidad española entre las 200 mejores de mundo». Ese es el titular que vemos en las noticias y en este mundo actual donde todo el pensamiento cabe en un tuit, un titular de prensa o 20 segundos de televisión, con eso nos quedaremos para la posteridad. En cambio vamos al cuerpo de los artículos y descubrimos que en su conjunto, el sistema universitario español sería el 8° mejor del mundo. Seguramente sea casual que los titulares siempre los acaparen comentarios negativos sobre universidades. Sospecho que si mañana un diario titula “España tiene el octavo mejor sistema universitario del mundo”, el periodista en cuestión tendría la calle para correr y los cantos para tropezar.

Así que ante el titular estándar se desata el orgasmo generalizado entre aquellos que se pasan el tiempo reformando nuestras universidades, transitando por los lugares comunes de la «endogamia», los «funcionarios», la «facultad en cada pueblo», la “gobernanza” e incluso la financiación. Digo «incluso», porque a pesar de meterlo en los lugares comunes, como ya comentaba cuando algún politólogo se pasó de listo, el hecho diferencial de España no es que alguien trabaje en la institución donde se doctoró, que tenga una relación estatutaria o que al rector le voten, sino que los recursos son bastante insuficientes.

Para hacernos una idea de cuán diferencial es este hecho, podemos comparar los recursos de la universidad española mejor clasificada, la Universidad de Barcelona (122), con aquellas que le anteceden y preceden (Georgetown e Indiana Bloomington). Es divertido imaginar que si te presentas diciendo que saliste de Georgetown o Indiana te mirarán como si fueras la pera limonera, pero si dices que saliste de la Universidad de Barcelona pensarán que eres la querida de la prima de la cuñada de algún profesor titular. Aunque como se deduce de los famosos rankings, son instituciones equivalentes en calidad.

Una leve mirada a los presupuestos te muestra la comparativa. La UB aprobó en 2015 un presupuesto de 367 millones de euros, Georgetown se mueve en los 1.500 millones de dólares e Indiana está en los 1.900 millones de dólares (algo más que toda Madrid, Andalucía o Cataluña). Mirar a las primeras universidades de cada Estado te confirma el panorama. Oxford y Cambridge rondan los 5.000 millones de libras, la ETH de Zurich ronda los 1.500 millones de francos, Toronto 2.100 millones de dólares, Melbourne 1.800 millones australianos, la Rey Abdullah 20.000 millones de $, Copenhague ronda los 1.000 millones de $, Osaka o Kyoto superan los 2.000 millones de $, la Nacional de Singapur 1.800 millones… Por poner un ejemplo la Complutense son poco más de 500 millones de euros (600 cuando eran ricos) para más de 75.000 estudiantes y 6.000 profesores, Harvard más de 35.000 millones de dólares para 4.700 profesores y 21.000 alumnos. Hay que irse a universidades muy concretas asiáticas o centroeuropeas para ver resultados en rankings por inversión mejores que las españolas, que casualmente tampoco salen muy bien paradas en este ranking (coreanas, alemanas, Écoles franceses…). Universidades que suelen tener pocos estudiantes y bastante profesorado e investigadores en proporción.

Es más, como habíamos visto España es el octavo país que más instituciones metía en este ranking. Pues bien, según el Education at Glance 2015, el gasto público en nivel terciario en España (2012) era del 1% del PIB, cuando la media de la OCDE es del 1,3%. Así que como diría aquel: no reírse de la universidad española, por favor.

Volviendo a lo anterior, la financiación es otro de esos lugares comunes y no sólo echando dinero al caldero mágicamente los resultados mejorarían. Igualmente nadie puede negar que a nivel de contratación, evaluación o gobierno las universidades españolas tienen margen de mejora. Pero si lo miras bien, observando las premisas y circunstancias del sistema universitario español, es algo mejor de lo que algunos nos quieren vender. Podemos quedarnos con que tenemos pocas universidades entre las 200 primeras, que somos la octava potencia mundial o con las dos cosas que sería lo normal.

Pero en realidad la pregunta fundamental que debemos hacernos es ¿qué tipo de sistema universitario queremos? Respondida esa pregunta podremos empezar a plantearnos las respuestas. El sistema español se diseñó como respuesta al problema educativo que arrastraba nuestro país durante el régimen anterior, con una gran falta de titulados superiores. Por ello se creó un sistema capaz de educar a la población, con cierta independencia de su clase social o económica. Si queremos caminar hacia una universidad más orientada a la investigación será una decisión perfectamente aceptable, pero no olvidando que esto puede traer inconvenientes como el empeoramiento del nivel educativo general y por supuesto que esto no sale gratis.

Asunto que no puede basarse en rankings genéricos para ver quién la tiene más larga, con parámetros bastante discutibles y que benefician sobremanera a universidades tremendamente grandes y tremendamente caras. De hecho todos sabemos que Ana Patricia Botín dirige el Banco Santander (primera empresa española en Forbes 2000) porque estudió en Harvard, ¿verdad? Deberíamos crear nuestras propias métricas que nos lleven a conocer si cumplimos nuestros objetivos, más allá de rankings chinos, saudíes o de multinacionales que luego te venderán sus productos, los cuales indexan mucho pero explican poco.

Y sobre todo es importante dejarnos de bartrinismo y de simplezas periodísticas (financiadas por las empresas que luego nos aconsejan reformas en los sistemas universitarios). Sí, sólo tenemos una universidad entre las 200 mejores del mundo según el CWUR. Pero también tenemos el octavo mejor sistema del mundo.

 

Cuando Juanito Müller evoca Asgard

Juanito Müller nos presenta este inquietante testimonio por el cual Luis Garicano hace en el Congreso una comparación del PIB de Noruega y de Venezuela desde 1960 y su evolución a lo largo de este tiempo. Por lo que dice Garicano ambos tenían un PIB y petróleo similares en aquellos tiempos, pero ahora Noruega mola más.

Es preceptivo y para ahorrarme comentarios dentro y fuera del blog decir que mi simpatía por el gobierno bolivariano de Venezuela es CERO. Me parecen una cuadrilla de disfuncionales cuya existencia es sólo comprensible en el marco de la historia latinoamericana y venezolana de los últimos 50 años. Porque en cualquier otro escenario un tarado como Nicolás Maduro ni siquiera conduciría un autobús.

Lo que ocurre es que Caracas me pilla a 7.000 kilómetros de distancia, mientras que personajes como John Müller y sobre todo Luis Garicano son una amenaza muy real y presente. Como he dicho varias veces Garicano es uno de los tipos más peligrosos en nuestro país. Y quien se crea que este país no puede fastidiarse más de lo que está, que se acuerde de Venezuela.

A nadie se le escapa que las constantes informaciones referidas a la República Bolivariana de Venezuela de los últimos tiempos tienen bastante que ver con el auge de cierto partido liderado por un señor con coleta y que tiempo hace admiraba los éxitos de Hugo Chávez y su «revolución». A nadie se le escapa que a Juanito Müller le faltaron 5 minutos para empezar a meter leña contra los podemitas. Como a nadie se le escapa que las constantes apelaciones de Garicano sobre «Dinamarca o Venezuela», adoptadas con gran alegría por ese «ubercuñao» que es Albert Rivera, van muy dirigidas a Podemos y a los movimientos que antes de su fundación se vislumbraba ganarían fuerza. De hecho la fundación de Podemos y la publicación de «El dilema de España» son coincidentes en el tiempo, por lo que si bien ese libro no era una reacción a la fundación y éxito del partido de Pablo Iglesias, sí que Garicano anticipaba aquella reacción desde tiempos del 15-M.

De todos modos hay que tener un poco de cuidado con esto de los chistes antibolivarianos, no sea que al final el tiro te vaya a salir por la culata y acabes alabando a aquellos contra los que te consagraste a combatir. Como nos contaba Carles Sirera a propósito de cierto ataque antibolivariano de JFV, puede hacer que te metas en un charco del que es complicado salir limpio. Tanto es así que si te vas a los datos publicados del Banco Mundial y observas el crecimiento del PIB por habitante de Noruega y Venezuela durante el chavismo te llevas sorpresas.

Efectivamente, los resultados del gobierno muy bolivariano y muy revolucionario de Venezuela en estos términos son similares a los obtenidos por los cojonudos nórdicos. No se me escapa que la Noruega de 1998 era mucho más próspera que la Venezuela de aquella época, como igual tampoco debemos olvidar que si semejantes personajes han tomado el poder en Venezuela durante 17 años será porque antes algo no era normal. Como bien decía Carles soltarle ostias al chavismo sin explicar exactamente qué alternativa había o hay en el panorama político venezolano, más cuando son los mismos que tras su incompetencia permitieron en ascenso de Chávez, es garantía de éxito para aquellos a quienes pretendes criticar. De hecho el ascenso de Podemos se gestó tras recibir ostias desde ambas bandas cuando los dos mayores problemas en España eran el paro (PSOE) y la corrupción (PP). La «necesaria» aparición de Ciudadanos ha amortiguado el golpe, brindando al electorado un partido del establishment sin hipotecas que tapara la fuga de votantes descontentos hacia la formación morada.

Reiterando mi escasa simpatía por el gobierno venezolano e insistiendo en que me preocupan bastante más personajes como Garicano dispuestos a reducir pensiones, abaratar despidos o hacernos pagar 10 euros por ir al médico, igual Juanito Müller y otros deberían dejar los chistes antibolivarianos, porque encima son tan torpes que si le dedicas dos minutos encima acaban siendo contraproducentes.