La importancia de la economía sumergida

En estos tiempos en los que algunos nos hablan de la insuficiencia fiscal del Estado, de que hay que recortar gasto social para salir de la crisis y otras consideraciones como reformas laborales se obvia centrar el debate en un asunto que en nuestro país toma una importancia capital: la economía sumergida y el dinero negro. Porque todo político siempre dirá que va a luchar contra ella, no va a decir lo contrario, pero luego no predica con medidas contundentes. Según se desprende de los informes al respecto, esta economía sumergida va desde el 20% al 25% del PIB. Entre 200.000 y 250.000 millones de euros de nada. Si intentais pasarlo a pesetas no sabeis.

Un aspecto en el que es importante esto del fraude es a nivel de empleo. Este tema que actualmente identificamos como mayor problema en España.  Hace menos de un año podíamos leer el siguiente titular de prensa:

El descenso de la economía sumergida a niveles de la UE crearía 2,5 millones de empleos.

Esto procede de un estudio realizado por PIMEC (la patronal de la pequeña patronal de la pequeña y mediana empresa catalana), poco sospechosos de ser amigos de sindicalistas y grupos de izquierda que son los más beligerantes con este tema. O sea, que según esta gente si en este santo país la economía sumergida fuera como la media europea (no se nos está pidiendo ser más honrados que San José, sólo ser normales), tendríamos una tasa de paro muy similar a la media europea. De hecho esto refuerza la sensación de que en España una buena parte del paro registrado es más falso que un euro de madera. Así que la mejor manera de terminar con el paro es rebajar la economía sumergida.

También hace tiempo el Catedrático de la Universidad de Linz (Austria) Friedrich Schneider, que es la autoridad académica más reconocida en el estudio de la economía sumergida nos decía que:

Según Schneider, los perceptores de este dinero negro en España son entre 12 y 15 millones de trabajadores que están en la economía sumergida. Esta cifra incluye a los que, aunque tienen un empleo con contrato legal, también dedican entre 10 y 15 horas semanales a trabajos no declarados.

Hombre Sr. Schneider, entre 12 y 15 millones de personas hay una sustancial diferencia. Pero imaginen tomando la cifra más modesta y el número de horas la cantidad de dinero en cotizaciones sociales que no se está ingresando por este concepto. Luego viene un señor poniéndose un dedo en la Zeja hablando de derechos sociales a contarnos que hay que jubilarse más tarde porque no hay dinero. Eso sí, para él y sus compañeros de partido con trabajar 8 años tienen pensión máxima. Una cosa es que seamos tontos y otra que nos tomen por ello. Eso ya nos ofende. Y lo malo es que saldrá con la suya.

Otro aspecto es el relacionado con la cuenta del Estado. Recordemos que el famoso Decreto que congela las pensiones y baja el salario a los funcionarios, entre otras cosas, pretende ahorrar 15.000 millones. El propio Gobierno, que siempre será optimista respecto al efecto de sus propias decisiones, cifra el impacto de estas medidas en medio punto menos de PIB y más de 90.000 parados. Un «gran negocio». Sin embargo, según las simulaciones al respecto hechas por diferentes personas cifran el aumento de recaudación en torno a los 30.000 o 40.000 millones de euros si se atajara el fraude.

Está claro, lo que no hay son ganas de erradicarlo, porque esto produciría una problema económico en cierto sector de la sociedad. Porque claro, si leemos esto:

Los trabajadores asalariados y los pensionistas declaran a Hacienda una media de 7.200 euros anuales más que los pequeños y medianos empresarios, cifra que asciende a los 7.600 euros si se compara con los ingresos de los microempresarios.

Algunos podrían decir que esto es causa de la crisis, pero es que si tomamos hemerotecas de ejercicios fiscales cuando proliferaban los Mercedes por nuestras carreteras, vemos que las cifras son prácticamente la misma. Es que si en este país metemos mano al fraude fiscal, nos cargamos la mitad de empresas. Es la triste realidad de un país organizado en torno al chanchullo y la picaresca generalizada.

De hecho podemos leer cosas como:

El 46% de los empresarios españoles justifica, de un modo u otro, las conductas defraudadoras según el Barómetro Fiscal 2006 realizado por el IES.

Esto en 2006, «año de bienes» y abiertamente en una encuesta. Que luego en privado habrá más de uno y de cien que lo haga pero le dió verguënza de reconocerlo al entrevistador.

Así que esto es lo que hay, podría teorizar durante líneas sobre este aspecto. Pero la verdad, se puede amplir esta información con la cantidad de artículos al respecto que pueden ver en la red. De momento me conformo con expresar mi opinión al respecto.

Simplemente, si reducimos la economía sumergida a nivel de país normal, se acaba la famosa crisis.

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