La culpa es de los «camisetas verdes»

Por suerte ya pasó el acto de folclore sindical que supuso la huelga en la Educación del pasado 24 de octubre, porque las huelgas en los servicios públicos son siempre actos de folclore sindical más que acciones efectivas. Siempre que sean legales. Más que nada porque el mismo Art. 28.2 de nuestra Constitución y su legislación derivada se nos lleva a la limitación y por lo tanto a la poca efectividad de las huelgas en los servicios públicos. No olvidemos que las huelgas no dejan de ser una acción colectiva cuyo objetivo es la paralización de la producción. Como esa producción no es impedida gracias a los habitualmente ilegales servicios mínimos, que tampoco tiene responsabilidades políticas o sanciones a quienes los decretan, entonces la huelga acaba teniendo una efectividad limitada. Recordemos que si alguien se salta los mínimos, puede llegar a pagar 6 millones de euros. Pero si estos mismos servicios mínimos han sido declarados ilegales las consecuencias para el político son pagar 1.500 euros con tus impuestos. Estos deben ser los famosos privilegios del sector público, extendidos a muchos trabajadores de empresas gracias a la famosa externalización de dichos servicios. Por lo tanto una huelga en Educación que permite a los padres aparcar a sus hijos en el colegio mientras van al trabajo, es más un acto de folclore sindical que otra cosa. Así el Ministerio se acaba descojonando de los huelguistas, mientras los sindicalistas se congratulan de no haber conseguido absolutamente nada.

Hecha esta consideración, podemos pasar a ver cómo alguno de los argumentos empleados contra la Marea Verde es más o menos matizable. Un ejemplo es aquella declaración de la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que vaya casualidad es precisamente la actual pareja del Ministro Wert. En ella nos venía a contar que «los profesores hacen huelga porque tienen un trabajo asegurado«, apelando a una demagogia muy barata diciendo que los padres en cambio no tienen el trabajo asegurado. Esto agitado convenientemente con alguna cifra de la OCDE deja el cóctel listo para servir. Pero conviene hacer alguna apreciación al argumento que empleó la señora.

El primero tiene que ver con ese supuesto «trabajo asegurado». Tan asegurado no debe de estar cuando desde que el PP gobierna tenemos 170.500 ocupados menos en el sector educativo en nuestro país. Mientras tanto agarrarse a datos de la OCDE para atacar a los malvados funcionarios de la Educación tiene otro problema, porque hay otros datos también de la OCDE que pueden matizar las críticas. Así aludir al informe PISA, los salarios de los profesores o el gasto educativo en los países de la OCDE está muy bien con el fin atacar a los «camisetas verdes». Siempre y cuando no nos olvidemos de otros datos que el mismo organismo nos ofrece. ¿Cuáles son? Pues estos:

Con lo que nos encontramos ante la paradoja de que estamos criticando a los empleados públicos en la Educación por su condición, cuando 1 de cada 4 estudiantes están matriculados en instituciones privadas. Una proporción lo suficientemente elevada como para afectar al resultado del conjunto y que nos lleva a ser el 7º país de la OCDE y el 3º de Europa que más alumnos tienen en escuelas de titularidad no pública. Si además vemos cómo la diferencia de los resultados académicos entre tipos de instituciones no son muy abultados y teniendo en cuenta que es la educación pública la que recoge a los alumnos más problemáticos, nos deja la sensación de que el argumento de que la Educación en España es un desastre porque están conformada por funcionarios que no rascan bola es algo exagerado. Por supuesto los maestros de la Educación pública tienen su parte de responsabilidad en el desaguisado. Pero parece que ellos son bastante menos responsables que lo que determinados sectores quieren hacer ver, cuando nuestro sistema está bastante influenciado por el trabajo de los heroicos maestros de la educación privada y concertada.

Por otra parte me encantan esos comentarios de personas que preguntan a la Marea Verde dónde estaban cuando la educación se estaba deteriorando, a la luz de los famosos informes PISA, cuando ellos tampoco se han movido ni por ese ni por ninguno de los temas por los que ahora los que critican se movilizan. Bueno, algunos de ellos sí se movilizan para ir en contra del matrimonio homosexual o para apoyar que sigamos incumpliendo nuestra propia Constitución. En fin, cada uno tiene sus prioridades y luego nos quejamos de que este país no tenga solución.